En una rueda de prensa en la sede de Génova, Egea ha informado también de que los servicios jurídicos del PP ya están estudiando las actuaciones que «puedan surgir en derecho» ante la situación que se ha creado.
Ha lamentado las «acusaciones gravísimas» contra la dirección nacional del PP lanzadas por Ayuso que ha atribuido a su deseo de convocar el congreso del PP de Madrid.
«Son acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del PP y toda la dirección nacional de la formación», ha dicho Egea toda vez que ha recordado que tanto él mismo como Casado han apoyado a la presidenta de la Comunidad de Madrid en su momentos «más difíciles y de soledad».
El secretario general de los populares ha explicado que el PP «nunca ha imputado la comisión de ningún delito» a nadie ni ha elaborado un dosier contra la presidenta y ha explicado que se abrió el protocolo habitual de buenas prácticas del partido cuando se conoció después del verano por los medios y por documentos que tenía la oposición un presunto contrato irregular.
Egea ha informado que emplazaron a Ayuso en una reunión a que aportara información al respecto y que hasta el día de hoy no se ha recibido «nada».
Ha puntualizado que se trataba de un protocolo que el partido lleva a cabo para hacer averiguaciones internas «sea cual sea el ámbito territorial y orgánico y que «se piden explicaciones y no se prejuzga nada».
«Y lo único que recibe esta dirección es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias que se han vertido hoy mismo… ataques injustos que hacen muchísimo daño a la organización y que son intolerables», ha recalcado.
Egea ha sido claro en afirmar que los ataques vienen acompañados de la exigencia de Ayuso para adelantar el congreso regional «a marchas forzadas».
«Esta y no otra es la verdadera razón y ahora aparece ante ustedes la verdad», ha incidido.
En este sentido, Egea ha dicho que el calendario orgánico «está como está» y no ha mencionado que se pueda modificar.
En todo momento Egea ha reiterado que el partido nunca había imputado ni prejuzgado a nadie sino que trató de hacer averiguaciones internas para mantener la «honorabilidad» y reputación del PP «sea cual sea el ámbito territorial y orgánico».
«No se puede aceptar que nadie utilice las siglas de la organización para parapetarse en problemas en los que eventualmente podría estar envuelto», ha aseverado.
De momento los populares han abierto este expediente a Ayuso que «tendrá que concluirse con la información que se disponga» y que busca «preservar la unidad del partido».
Los estatutos del PP consideran infracciones muy graves, que pueden conllevar la suspensión de la afiliación entre cuatro y seis años, la inhabilitación para representar al PP por igual tiempo o incluso la expulsión la «manifiesta deslealtad al partido» entendida como «toda acción u omisión voluntaria que pueda perjudicar el interés general del Partido».
También «toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas» en el seno de la formación o participar «en grupos organizados que perjudiquen los intereses o la imagen del Partido».
El secretario general ha recordado que Ayuso ha reconocido que ha habido pagos y ha vertido acusaciones «que nunca pudimos imaginar».
«Este partido no tolerará ningún ataque a la honorabilidad… y que se ataque de forma tan cruel e injusta a la dirección que le ha dado todo», ha puntualizado. EFE
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