Óscar R. Ventana.
Valladolid, 2 ago (EFE).- La trayectoria del empresario José Luis Ulibarri, en prisión preventiva desde el 5 de julio por su supuesta vinculación con el caso Enredadera y procesado en el caso Gürtel, ha estado marcada por el sector de la construcción, los medios de comunicación y sus contactos con la política.
Este constructor burgalés trasladó sus actividades a Ponferrada a principios de los años 80, cuando fundó con varios amigos la empresa Begar, con la que comenzó a crecer en los ámbitos mencionados hasta llegar a convertirse en una de las empresas del sector con más trabajo de Castilla y León, para desembarcar luego en otras autonomías, como Madrid y Valencia.
Precisamente, sus actividades en ambos territorios fueron puestas bajo la lupa de los investigadores del caso Gürtel, que detectaron el pago de una comisión a Francisco Correa por hacerse con una jugosa parcela del municipio madrileño de Boadilla del Monte y, también en Madrid, asumió la construcción del Hospital Infanta Leonor de Vallecas.
En el caso de la Comunidad Valenciana, su actividad derivó hacia otro de los puntales de sus negocios, los medios de comunicación, con la empresa Mediamed, que logró la adjudicación de trece televisiones digitales convocadas por la Generalitat valenciana presidida por Francisco Camps (PP), además de construir el Hospital de Lliria.
Pero ha sido en Castilla y León donde la presencia pública de Ulibarri ha sido más relevante, a través de actos organizados por los medios de comunicación de su propiedad -la mitad de Radio Televisión Castilla y León, «El Correo de Burgos», «Diario de León» y «El Mundo de Castilla y León», entre otros-, donde era habitual que coincidiera con los políticos de ámbito local, provincial y autonómico.
La relación de Ulibarri con la política llevó a que la boda de su hija Adriana, administradora también de algunas de sus empresas, se convirtiera en abril de 2005 en un desfile de dirigentes políticos, entre otros del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el líder autonómico del PSOE en aquel momento, Ángel Villalba; y también representantes de la UPL, con presencia en el Ayuntamiento y las Cortes.
Ahora, sus conversaciones con el alcalde de León, Antonio Silván, y con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, grabadas por la UDEF en el marco de la Operación Enredadera y publicadas por varios medios de comunicación, dejan al descubierto una cercanía con estos dirigentes, calificada por la oposición de «compadreo», como lo ha definido Ciudadanos.
La Operación policial Enredadera se desarrolló en varios municipios de diversas comunidades autónomas, contra una trama que supuestamente manipuló licitaciones para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado, bases de datos policiales y radares.
Pero en las conversaciones interceptadas con el alcalde leonés y el consejero del Gobierno de Castilla y León los intereses se centran en otro tipo de adjudicaciones: en concreto, Silván le informó en tiempo real sobre la marcha de una mesa de contratación de un servicio de limpieza, y Suárez-Quiñones le ofreció personalmente readjudicarle la obra de una carretera cuyo adjudicatario inicial había quedado en quiebra.
La conexión entre los mundos de la construcción, los medios de comunicación y la política han deparado a Ulibarri unas ganancias económicas importantes en las últimas décadas, pero también, ahora, probar el sinsabor de la cárcel. EFE
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