Esta es una de sus conclusiones de su informe de fiscalización de la contabilidad de las elecciones a las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 a las ocho formaciones políticas, coaliciones y agrupaciones de electores que cumplieron con los requisitos para recibir subvenciones estatales.
Refleja incumplimientos, como fondos no ingresados en cuentas electorales, concurrencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores, y pagos realizados una vez superado el límite temporal para disponer de los saldos de las cuentas electorales.
En cuanto a la regularidad de los ingresos y gastos electorales, las formaciones han declarado recursos por 24,40 millones de euros, de los que un 33 % procedía de endeudamiento bancario, un 36 de adelantos de subvenciones electorales, un 30 de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.
Los gastos justificados por el Tribunal de Cuentas ascendieron a 26,11 millones, de los que 12,85 corresponden a operaciones electorales ordinarias y 13,26 al envío directo y personal de propaganda electoral.
Como principales deficiencias respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales, el informe recoge gastos por importe de 398.727 euros «que no tienen naturaleza electoral», por lo que no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales, e identifica otros gastos «de cuyo pago no tiene constancia», por otros 14.753 euros.
El Tribunal de Cuentas indica que, de la información recibida, se desprende que ninguna formación ha superado el límite máximo de gastos.
En el capítulo de recomendaciones y como en otros procesos electorales, pide revisar la eficiencia de la propaganda electoral y del envío a los domicilios de las papeletas, así como diseñar e implantar procedimientos más actuales de información, para reducir los fondos públicos que se destinan.
Apunta a que se debería especificar «en mayor medida» las categorías de los gastos electorales, así como el límite máxime de ese gasto con el número de electores.
Agrega, entre otras cuestiones, que se debería entender que las donaciones privadas en período electoral van dirigidas a financiar esa campaña y someterse a los requisitos previstos y adecuar los límites de gasto en publicidad a los nuevos soportes.
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