Bajo el título «Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad», los partidos firmantes inciden en que la crisis sanitaria generada por la pandemia está teniendo un impacto «muy fuerte» en las cárceles y reclaman estas medidas «alternativas a la privación de libertad» para garantizar el derecho a la salud de los reclusos.
Instan al Gobierno a seguir la recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Consejo de Europa y, además de la excarcelación, piden el «acercamiento geográfico generalizado» de los presos a cárceles cercanas a sus domicilios y la ampliación de las comunicaciones con sus familiares.
También subrayan la necesidad de realizar diagnósticos rápidos para evitar que el virus se propague en las prisiones y de garantizar la atención médica adecuada a grupos vulnerables o de riesgo, entre los que citan los presos de edad avanzada y los que tengan patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad.
Aunque aseguran que no dudan de las medidas del Ministerio de Interior para frenar los contagios en las cárceles, señalan como «absolutamente prioritario» poner en marcha medidas «más exigentes» para que los presos permanezcan «en espacios más saludables y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y adecuadas».
En su opinión, las medidas que proponen deberían ser adoptadas, «sin excepcionalidad de ningún tipo derivado de la tipología o gravedad del delito», a quienes hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, no presenten alto riesgo de reincidencia, tengan un pronóstico favorable a la reinserción social y cuenten con recursos familiares o de su entorno para someterse al confinamiento «en los mismos términos que el resto de la sociedad».
Para ello, consideran indispensable la coordinación entre los ministerios de Sanidad, Justicia e Interior para garantizar las medidas de protección dentro de las cárceles, realizar exámenes de síntomas preventivos y diagnósticos rápidos y derivar a hospitales públicos a los que presos con síntomas o que den positivo por coronavirus.
Además, piden que, mientras dure la crisis sanitaria, se de a los reclusos información actualizada y accesible sobre la evolución de la pandemia y las acciones desarrolladas en las cárceles para prevenir y contener su propagación.
En este sentido, consideran conveniente extender la comunicación no presencial entre internos y familiares con gratuidad en las llamadas telefónicas y ampliar la videollamadas más allá de las actuales por enfermedad o urgencia familiar.
Instan también al Gobierno a acelerar las medidas para que los presos retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados en la fase de desescalada y conceder el acercamiento a cárceles cercanas a sus domicilios a quienes lo soliciten como modo también de facilitar esas comunicaciones.
Según los firmantes, el traslado debería iniciarse con los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres de hijos menores, respetando las medidas higiénicas y de seguridad similares a las que de otro tipo de transportes.
Estrella Digital