Superado ya el 19-J y la resaca del varapalo electoral sufrido por el PSOE en las elecciones andaluzas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado movimientos en diferentes vías institucionales para alterar, por un lado, las mayorías políticas en el Tribunal Constitucional y, por otro, reorganizar la dirección de organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La sucesión de hechos destaca la rapidez que se ha impreso al calendario desde la cita electoral andaluza. El Consejo de Ministros aprobó este lunes, a propuesta de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, el proyecto de reforma de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión CNMV, que inicia ahora su trámite parlamentario en las Cortes Generales.
El objetivo de la norma es modernizar los mercados de valores, mejorar y potenciar su capacidad de financiación de la economía de forma transparente y eficiente; fortalecer el régimen de supervisión de las empresas de servicios de inversión y mantener un elevado nivel de protección de los clientes de servicios financieros y de los ahorradores.
Pero, además, uno de los aspectos más relevantes de la nueva norma es que amplía el mandato del presidente y la vicepresidenta de la CNMV de cuatro a seis años no prorrogables. Y ahí radica una de las claves de esta nueva ley. Este cambio imposibilita que el actual presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, permanezca al frente del supervisor bursátil más allá de diciembre de 2024 o que, como máximo, pueda renovar su cargo por solo 2 años más. Hasta ahora se preveía que Buenaventura pudiese renovar en el cargo por otros 4 años, como era costumbre en la CNMV. Idéntica situación afecta también a la vicepresidenta, Montserrat Martínez. Buenaventura y Martínez fueron nombrados en diciembre de 2020 y concluyen mandato en 2024.
Dimisión al frente del INE
Este mismo lunes, a última hora de la tarde, presentaba también su renuncia, por motivos personales, el presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo. El movimiento se ha producido en plena tensión con la vicepresidenta Calviño, sobre una posible revisión al alza del PIB, que Estadística no ve necesaria.
La dimisión de Rodríguez Poo ha llegado antes de su cese, que ultimaba el Gobierno durante las últimas semanas, debido al malestar y la disconformidad de varios miembros del Ejecutivo con cómo el INE estaba contabilizando tanto la inflación como el crecimiento económico. La semana pasada, el diario El Confidencial, avanzó incluso el nombre de su posible sustituto: Israel Arroyo, el que fuera hasta hace unos días Secretario de Estado de Seguridad Social. Las piezas del dominó van encajando, si finalmente se consuma este nombramiento.
Nueva mayoría progresista en el TC
En paralelo, la semana pasada también se ejecutó otro de los movimientos tácticos postergados por Sánchez hasta después de las andaluzas. El Gobierno se ha puesto manos a la obra para renovar en julio el Tribunal Constitucional y propiciar, con los dos nombramientos que le corresponden, una mayoría progresista en este órgano.
Para ello, el PSOE ha presentado una proposición de ley, que tramitará por la vía de urgencia, para permitir que el Gobierno pueda elegir a los 2 magistrados que le corresponde nombrar y que el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace dos años por culpa del bloqueo del PP, nombre a los otros 2 que le corresponden.
El resultado más probable es que se elijan a 3 jueces progresistas (dos, a propuesta del Gobierno y uno, por parte del CGJP) y 1 conservador (el otro miembro que tocaría designar al Poder Judicial). Si se completa la renovación, el cambio de mayoría quedaría en 7 a 5 a favor de los progresistas.
Esta solución es diferente a la que se barajaba la semana previa, en la que el Gobierno barajaba nombrar a los 2 miembros del TC que le corresponden sin esperar al CGPJ, bloqueado por el PP por la no renovación pendiente desde hace 3 años.
La contrarreforma que planea el PSOE modifica el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y supone una rectificación a la medida que aprobaron hace más de un año para forzar al PP a renovar el Poder Judicial.