El campo tomó hace unas semanas las calles de Madrid para manifestarse en defensa de un futuro para la actividad agraria y el mundo rural. Ganaderos, cazadores, agricultores o criadores de toros protagonizaron las protestas, secundados por miles y miles de personas. Pedían al Gobierno central un plan de choque que tenga en cuenta a todos los sectores y realidades del campo. Pero no solo se reclamaban soluciones económicas, sino también respetar «nuestras tradiciones y costumbres».
Entre esas tradiciones y costumbres, muy ligadas a la caza, están las rehalas, los perros de caza y pastoreo. A los colectivos de cazadores y ganaderos, vinculados a estos animales, no les gustan las nuevas regulaciones que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las más importantes es la Asociación de Rehalas Regionales Españolas Caza y Libertad (Arrecal), que cifra entre 350.000 y 400.000 los canes que hay en España dedicados a este fin en el mundo rural. Para su presidente, Felipe Vegue, los cambios normativos que ha diseñado el Gobierno demuestran la «ignorancia y la intolerancia» de quienes están redactando las nuevas leyes. Para Javier Luna, presidente del partido animalista Pacma, los nuevos anteproyectos en los que trabaja el Ejecutivo central están, en cambio, «en las antípodas» de lo que deberían ser leyes de protección animal en el año 2022.
En primer lugar, está la nueva Ley de Protección y Derechos de los Animales, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero. El ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también trabaja en un Real Decreto que regule los núcleos zoológicos de animales de compañía. Y en tercer lugar, está la reforma del Código Penal, aprobada también en febrero por el Consejo de Ministros, que amplía por ejemplo las penas de prisión hasta dos años (ahora el máximo es de 18 meses) cuando se mate por maltrato de manera intencionada a un animal vertebrado.
«De aprobarse todo, tanto las sanciones administrativas como las penales, sería inviable la relación actual con los animales. Han creado una especie de policía política que controlará todos los movimientos de los animales con los ciudadanos», señala Felipe Vegue, presidente también de la Oficina Nacional de la Caza. «Los cazadores y ganaderos no se han leído los anteproyectos y no son conscientes de que se están quejando por cosas que no les afectan», afirma por su parte Javier Luna.
Lo que quiere hacer el Gobierno es crear un Sistema Central de Registros para la Protección Animal, que estará integrado por un Registro de Entidades de Protección Animal, otro Registro de Profesionales de Comportamiento Animal, otro Registro de Animales de Compañía, otro Registro de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía y otro Registro de Criadores. Demasiada regulación y demasiado papeleo. «Sin olvidar los registros que ya hay en los ayuntamientos. Lo que hacen es aumentar un 200% las obligaciones de los propietarios de perros», señalan desde Arrecal.
Para poder criar perros de caza o pastoreo habrá que inscribir estos animales en un Registro de Criadores, que según Felipe Vegue es «un monopolio que se queda en manos de una entidad como la Canina Española». Se refiere a la Real Sociedad Canina de España, cuyo objeto social es la «conservación, fomento y mejoramiento de las razas puras de perros de pastoreo, guardería, defensa, carrera, trabajo, compañía y caza y, en general, de todas las razas caninas”. Para Vegue, “este es otro chiringuito más del Gobierno de España”.
Javier Luna, de Pacma, lo tiene claro. «Lo que quieren los cazadores es que les excluyan de cualquier normativa. Y esto no es normal». Los perros de las rehalas también deben estar inscritos en el Registro de Animales de Compañía y estar vinculados en el mismo a la licencia de caza de su titular o responsable.
Núcleos zoológicos
Luego está el Real Decreto de núcleos zoológicos, que por ejemplo obligará a aquellos propietarios que tengan al menos cinco ejemplares de perro a constituir un «establecimiento de alojamiento permanente», es decir, unas instalaciones adecuadas. «Esto perjudica mucho a pequeños propietarios que tienen a sus perros en chalés o fincas», explica Felipe Vegue. «Lo que se quiere es registrar a los perros, localizarlos y regular sus condiciones de vida, como los residuos que generan. Yo he visto muchos asentamientos, chabolas y zulos donde algunos cazadores alojan a estos perros y me han entrado ganas de llorar», afirma Javier Luna.
Para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía, el anteproyecto de ley de protección animal señala que todos «los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales, deberán estar esterilizados. En el caso de que en una misma vivienda o ubicación haya animales de la misma especie y de distintos sexos, al menos todos los miembros de uno de los sexos deben estar esterilizados, salvo en el caso de criadores inscritos en el Registro Nacional de Criadores». El objetivo del Gobierno central es controlar la reproducción y evitar abandonos indeseados de cachorros.
Según Felipe Vegue esto obliga a todos los perros de caza. «La esterilización obligatoria atenta contra una de las cinco libertades reconocidas como garantía del bienestar animal; la posibilidad de expresar el comportamiento propio de la especie; la reproducción. La castración nunca deberá ser planteada de manera sistemática y rutinaria. Esto es una barbaridad. Un animal no podrá transmitir así su genética. Ahora la castración solo se hacía por motivos sanitarios, ahora va a ser obligatorio sí o sí».
Los cazadores deberán sumir el coste de estas castraciones si no pueden garantizar que los canes estén separados por sexos. Para Javier Luna la ley es clara: «la esterilización no es obligatoria si se cumple ciertos requisitos, como estar inscritos en el registro de criadores. Solo hay que hacerlo. La castración es necesaria. El cazador cría muchos perros, y los que no le son útiles suelen ser abandonados».
Luego estás las octetomías y caudectomías (los cortes de orejas y rabos). Hasta ahora no era delito, señalan desde Arrecal, que por razones de medicina veterinaria se venían practicando. «Otra aberración. Los perros de caza se mueven por ecosistemas llenos de zarzas, carrascas, vegetación áspera, lo que supone un gran sufrimiento para ellos llevar apéndices colgando. O en su lucha con jabalíes y otras piezas de caza mayor, pues se producen agarres indeseados. Por eso se hacía estas prácticas veterinarias. Ahora se establecen sanciones de un mínimo de hasta 50.000 euros y la posibilidad de que puedan ser consideradas delito con la reforma del Código Penal que se propone, lo que es difícil que esta cirugía pueda seguir siendo realizándose», afirma Felipe Vegue, que califica todo esto de «falsa creencia de maltrato animal. Sí se les puede esterilizar, pero no cortar las orejas».
La abogada Dulce Aguilera, especialista en temas de maltrato animal, corrige a Arrecal. «Ya hay varias sentencias que consideran delito de maltrato, es decir, penalmente punible, el corte de orejas y rabos. Desde febrero de 2018 se aplica en España el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, donde esta práctica está prohibida, salvo prescripción veterinaria. Y el artículo 337 del Código Penal regula el maltrato animal con penas de meses de prisión”.
La permuta de perros entre particulares también es bastante habitual entre los aficionados a la caza, en el mundo de las rehalas. «Con la futura norma, la cría y el comercio de animales de compañía solo podrá llevarse a cabo por criadores inscritos oficialmente. Ello supone hacer inviable el mantenimiento de las rehalas», señala Vegue. Es decir, no se podrán regalar perros de caza. La verdad es que el anteproyecto de bienestar animal regula que «la transmisión deberá llevar aparejado un contrato de compra venta», aunque también permite donaciones con “el certificado correspondiente”. Eso sí, “los animales de compañía deberán ser esterilizados con carácter previo a su transmisión en los casos que se establezcan reglamentariamente”.
Ningún perro podrá realizar además tareas en actividades profesionales hasta haber cumplido los dieciocho meses de edad, «sin perjuicio de iniciar el entrenamiento antes de alcanzar dicha edad, siguiendo las normas reglamentarias según la actividad», señala la ley. «La caza es uno de los instintos primarios de todos los perros. Limitar la edad para inicio y finalización de la práctica cinegética de nuestros canes atenta de nuevo contra cuestiones básicas del bienestar: el comportamiento natural», se justifican desde Arrecal. Desde Pacma insisten en que los cazadores no se han leído la ley. «El artículo 40 del anteproyecto exime de estas limitaciones de edad y de retiro a los perros pastoreo y guarda del ganado».
Desde Arrecal, no obstante, critican el intervencionismo del Gobierno regional en una materia que ya estaba suficientemente reglamentada por las Comunidades.»Ahora se establece la previsión de que desde la Dirección General de los Derechos de los Animales se pueda denunciar presuntas situaciones de maltrato. Es decir, que las autoridades regionales, los Ayuntamientos o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad serán mandados directamente por una Dirección General dirigida por Podemos y claramente contraria a la caza«.
La verdad es que el anteproyecto de ley ha provocado ciertas distensiones desde el Gobierno central. Agricultura (dependiente del PSOE) apostaba por sacar los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal de y darles una regulación propia, argumentando “que la actividad cinegética es un sector estratégico para España, debido a su importante papel en la gestión del hábitat, la protección de las especies, el control de enfermedades, y la generación de empleo y riqueza en el medio rural. El sector cinegético genera anualmente más de 6.500 millones de euros y 190.000 puestos de trabajo”. Al final no ha sido así.
El nuevo anteproyecto de bienestar animal también busca impedir que se abandonen o se sacrifiquen a los perros de caza. Para ello el nuevo Sistema Estatal de Registros para la Protección Animal permitirá que todos los animales y sus criadores estén localizados; mientras que el sacrificio solamente se podrá realizar en casos donde no quede otro remedio. Ecologistas en Acción denuncia que «lamentablemente en el mundo de la caza son frecuentes tanto las omisiones de mantenimiento como el abandono directo, en los casos de galgos y perros de rehalas. Igualmente crueles para los perros de caza son los agarres y combates cuerpo a cuerpo que se establecen con las piezas de caza mayor, jabalíes y ciervos fundamentalmente. Todo ello sin pasar por alto que, con cierta frecuencia y a consecuencia de las heridas que sufren en las monterías, muchos de los podencos quedan malheridos en el monte y cuando no acuden a tiempo a la llamada del rehalero suelen quedar abandonados para morir a los pocos días de hambre, de sed y de las infecciones contraídas a causa de las heridas en estos enfrentamientos».
Pero, ¿qué es maltrato animal?, se preguntan desde Arrecal. “El Anteproyecto recoge toda conducta, tanto por acción como por omisión, que genera perjuicios o compromete las necesidades básicas de dicho animal. Es clave tener en cuenta la intención en generar el daño; es decir, si nuestro perro en acción de caza, al igual que tirando de un trineo o en un paseo matutino, se fractura una pata; ¿podremos ser denunciados por maltrato animal y sancionados con una infracción grave por provocar al animal secuelas de importancia y permanentes de hasta 50.000 euros”, señala Vegue.
Arrecal también denuncia que “todo propietario de un perro debe realizar un curso de formación para la tenencia del mismo cuyo contenido determinará el Reglamento que desarrollará la norma”. Aunque desde el ministerio dejan claro que de este curso estarán exentos los propietarios de perros pastores y de caza, ya que se presupone que cuentan con una formación previa específica (esta excepción está recogida en la ley).
También se les permite dejarlos sin supervisión durante más de un día, no como ocurre con el resto de las mascotas. Los últimos datos oficiales (años 2018) hablan de 769.000 licencias expedidas. Desde el ministerio insisten en que la norma no afectará a aquellas personas, que cacen o no, que tengan a sus perros en buenas condiciones, sólo a quienes desarrollan la actividad cinegética con canes maltratados. Pacma insiste en que la nueva norma que se pretende aprobar no soluciona ni el maltrato ni el abandono. “Las penas de prisión se podrán sustituir por multas económicas si así lo decide un juez, aunque el maltratador sea reincidente”.