La empresa de construcción y obras Dragados, filial de ACS y dirigida por Florentino Pérez, ha sido multada por la CNMC con 57,1 millones de euros, por pactar precios con otras constructoras durante 25 años.
Concretamente entre los años 1992 y 2007, según este organismo, limitaron la competencia de miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
ACS es la que ha recibido la multa de mayor cuantía, pero no es la única. A ésta se unen las otras grandes como son Acciona (29,4 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).
Según el informe dado a conocer, desde 1992 el grupo celebraba reuniones semanales para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado.
En esas citas, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. «Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas», indica la CNMC.
Se trata de prácticas, según la CNMC, cuyos efectos «han sido especialmente dañinos para la sociedad«.
Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos o carreteras; fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluido el Ministerio de Fomento
Forma de actuar
La forma de actuar de estas sociedades consistía en era reunirse semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado.
La única personalización admitida era la inclusión de ‘logos’ y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto «para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas», ha descrito la CNMC.
Además, en los encuentros semanales, intercambiaban información comercial sensible: por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTE (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.
En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos), durante el periodo investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia.
Esta llegaba a alcanzar el 70 % de la puntuación del concurso, frente al 30 % correspondiente a la puntuación económica. Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica y en algunos casos, en torno al 5 %, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la Administración.