La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se ha dirigido este miércoles, durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nación, a las víctimas del terrorismo de ETA para decirles que lamenta “enormemente” el sufrimiento causado por la banda terrorista.
“Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades”, ha dicho desde la tribuna de la Cámara Baja.
“Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas”, ha dicho.
Aizpurua y todos los diputados de EH Bildu participaron ayer del minuto de silencio que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, pidió a toda la Cámara en el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, de quien se cumplen 25 años de su asesinato por parte de los pistoleros de ETA.
Aizpurua ha afirmado ser consciente de que “para algunos nunca será suficiente” lo que EH Bildu diga sobre las víctimas. “Pero también somos conscientes de que los vascos y las vascas hemos avanzado mucho, muchísimo, en la construcción de ese futuro compartido. Que las victimas de diferente signo están haciendo un esfuerzo enorme demostrándonos que sí, que es posible escucharnos, empatizar y, desde el respeto, avanzar. Porque la memoria, las víctimas y su dolor, no pueden ser arma política contra el adversario como ha sucedido en este hemiciclo. Nunca nos encontrarán ahí. La verdad, la justicia y la reparación para todas las victimas es y será la mejor garantía de que aquello no vuelva a ocurrir. Ese es nuestro compromiso y por ello seguiremos trabajando”, ha concluido.
Ley de Memoria Democrática
Estas palabras de la portavoz de EH Bildu llegan antes de que, mañana jueves, el pleno del Congreso vote la Ley de Memoria Democrática presentada por el Gobierno de Sánchez y que contará con los votos a favor del grupo abertzale.
La ley podrá salir previsiblemente adelante gracias al acuerdo alcanzado con Bildu, que pidió ampliar hasta 1983 el reconocimiento de las víctimas y la posible reparación económica que ello conllevase.
En concreto, la norma mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983».