El Consejo de Ministros de este martes ha fijado el límite de gasto no financiero del Estado para 2023 -el techo de gasto– en 198.221 millones de euros, un 1,1% más que en el ejercicio anterior.
El denominado techo de gasto es el límite legal de crédito presupuestario para un ejercicio. En resumen, es el gasto máximo que pueden llevar a cabo el conjunto de las administraciones públicas. Esta cantidad es lo máximo que podrán gastar los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración central.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que se trata de «una cifra récord» que favorecerá que el Estado «mantenga su esfuerzo inversor y garantice nuevamente hitos históricos en los ámbitos de la ciencia, las becas, la investigación, la sanidad o la educación».
Con la aprobación del «techo de gasto» empieza la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado que son, en palabras de la ministra, «imprescindibles para recuperar el crecimiento económico, aliviar el bienestar de las familias, de los hogares y ayudar al tejido productivo».
El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros incluye el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales, pero no implica abandonar la responsabilidad fiscal.
El déficit público se reducirá este año hasta el 5% -según la previsión del Ministerio de Hacienda- y la tasa de referencia para el próximo se sitúa en el 3,9% del Producto Interior Bruto (PIB) para el conjunto del Estado, que es la misma que se incorporó en el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a la Comisión Europea en el mes de abril. Si se consolidan estas cifras, el Ejecutivo habrá reducido el desequilibrio fiscal en un 60% desde el inicio de la pandemia, ha subrayado la ministra Montero.
Últimos presupuestos de la legislatura
El techo de gasto se recoge en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aprobada por el Gobierno del PP. El artículo 30 de esta norma es el que lo regula y establece que debe aprobarse por el Gobierno antes del 1 de agosto de cada año.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, la cifra del techo de gasto se remite a las Cortes Generales (Congreso y Senado) para su aprobación por mayoría simple en ambas cámaras. En este caso, si el Senado tumbase el techo de gasto, esa votación no podría ser corregida por otra votación en el Congreso, como sí ocurre con otras tramitaciones parlamentarias. En ese caso, el Gobierno tendría el plazo de un mes para presentar un nuevo techo de gasto.
Con su aprobación en las Cortes, comienza oficialmente la negociación parlamentarias de los Presupuestos Generales del Estado. Unas Cuentas que serán las últimas de esta legislatura.