1-O: Delirio nacionalista, cinco años del referéndum ilegal en Cataluña

El 1 de octubre de 2017 está marcado a fuego por los independentistas de Cataluña, al convocar un referéndum ilegal. El delirio nacionalista tenía como objetivo intentar conseguir la autodeterminación y legitimarla mediante una votación fraudulenta.

La carrera por parte de los partidos secesionistas para separarse de España, llevó a una fractura de la sociedad catalana que aún perdura en el tiempo. El presidente actual, Pere Aragonès de ERC, aún mantiene la idea de que los ciudadanos catalanes tienen derecho a independizarse.

Basándose en unos falsos mantras de que históricamente Cataluña fue una nación. Algo que han intentado inculcar a su población desde la restauración de la democracia, a través del control del los medios de comunicación y la implantación de una educación basada en el odio a todo lo español.

Origen del 1-O

El precedente del 1-O tiene su origen en una consulta ilegal sin el aval del Gobierno Central y promovido en aquel entonces por Artur Más en 2014.. El lider nacionalista estaba al frente de la Generalitat y acusaba al Estado de los problemas económicos y sociales de su comunidad.

Por ello planteó una votación para testar el sentimiento independentista en la población catalana. Posteriormente su sustituto al frente de su partido, el actual JxCat, Carles Puigdemont, más radical que su predecesor en el cargo, acogió como propia la frase «Referéndum o referéndum«.

Ejecución del 1-O

La ejecución fue orquestada por Puigdemont y Oriol Junqueras e integrado por la plana mayor de ERC y JxCat, los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural. Estas últimas fueron regadas durante años por subvenciones de la administración catalana que favorecieron su crecimiento, con el fin de conseguir más adeptos a la causa.

El Parlament aprobó la Ley del Referéndum en el tenso pleno del 6 y 7 de septiembre, entre protestas de la oposición por vulneración del marco legal y conculcación de sus derechos e ir contra la Constitución española.

El Govern convocó a 5.343.358 catalanes a votar y habilitó 2.315 locales de votación. Muchos de ellos colegios que fueron ocupados la noche anterior por activistas, para evitar que pudieran ser cerrados. Todo ello enmascarado en falsas actividades lúdicas para engañar a las fuerzas de seguridad del Estado.

Cuando se abrieron los centros de votación a las 9 de la mañana, se constató la pasividad de los Mossos por no haber actuado antes ni después. Todo ello llevó al Ministerio del interior a recurrir a la Guardia Civil y la Policía Nacional para intentar impedir la recogida de votos.

Cargas policiales por la tensión al intentar recoger las urnas, también provocada por la violencia que ejercían algunos de los votantes contra los agentes. Todo ello lo aprovecharon los independentistas para argumentar ante la comunidad internacional, que el Estado español es opresor y no se les permitía ejercer libremente su derecho al voto.

La Generalitat afirmó que el 90% de los que habían acudido a votar habían dado un «sí « a la independencia. A pesar de que de constató que hubo ciudadanos que votaron varias veces e incluso ya había papeletas dentro de las urnas, antes de que abriesen los centros electorales.

Consecuencias del 1-O

Lo que vino dias más tarde fue la proclamación y posterior suspensión de la Independencia y fuga del presidente Carles Puigdemont al extranjero para evitar ser juzgado, dejando al resto de sus compañeros de partido «tirados».

A su vez se produjo la suspensión de la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155, juicio a los líderes independentistas, condena por el Tribunal Supremo y entrada en prisión.

A pesar de ser condenados algunos de ellos a 13 años de prisión por «sedición» apenas cumplieron 3 años en prisión, gracias al indulto del Gobierno de Pedro Sánchez, que lo justificó por el «bien común y por su utlidad».