Un 45% de los empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros), según un estudio elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha realizado más de 2.000 entrevistas a personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas.
Según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas en España hay 2.717.570 personas trabajando para una administración. «La carga de trabajo, el escaso reconocimiento profesional y salarial y el mal clima laboral, son las principales causas del consumo de psicofármacos», explica el sindicato, que traza además el perfil del consumidor más habitual.
«El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según la encuesta de CSIF, en todos los ámbitos de la administración, aunque con especial incidencia en el ámbito de la sanidad y educación. El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario, por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional», explica el documento publicado este lunes.
Según la encuesta, los psicofármacos más consumidos son: ansiolíticos (66% de los que reconocen su uso), antidepresivos (43,6%) y somníferos (32,1%). Un 45% de los encuestados aseguran consumir estos fármacos a diario y un 13% varias veces en semana.
«El 76% manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir esta sustancias: un 54% lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44% por el escaso reconocimiento profesional y un 37% por el mal clima laboral», señala el documento. Además, un 21,22% relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc), un 20,6% con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6% con los problemas económicos.
Se agrava con la pandemia
El estudio pone de manifiesto como los efectos de la pandemia y la crisis económica han provocado daños en la salud mental de la ciudadanía, con especial incidencia en los colectivos profesionales que tuvieron más exposición al virus. De hecho, el 55% de los encuestados reconocen que no consumían esta medicación antes de la pandemia, mientras que el 93% se quejan de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental.
CSIF también denuncia la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas. En concreto, denunciamos que la salud mental supone tan solo del 5% del gasto sanitario total (según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría), frente a la media del 7,5% de los países de nuestro entorno.