Las cuentas del Estado afrontan su recta final como un arma arrojadiza política entre el Partido Popular y el PSOE que incrementan sus ataques en clave electoralista.
La mayoría que sostiene al Gobierno desde hace casi tres años ha permitido otra muestra de solidez aprobando este jueves el primer trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 tras rechazar -186 votos en contra, 159 a favor y tres abstenciones- las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición de derechas, que creen que abocan a la recesión económica, y por los dos grupos que defienden las posiciones más duras del independentismo catalán, Junts y la CUP.
El debate en la cámara se convirtió en un duelo incendiario entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. Ambas están curtidas en este tipo de debates e hicieron uso de su bagaje para llevar sus argumentos a los ataques políticos, más allá de las cifras.
En sus 55 minutos de discurso, Montero se dirigió a su electorado, y al de Podemos, como los grandes artífices de los impuestos a las grandes fortunas, energéticas y entidades financieras frente a la derecha de las élites. La ministra se convirtió en el mejor portavoz del Gobierno a la hora de defender que la política fiscal que defiende mejor a las clases medias es la de las subidas a los que más tienen frente a las recetas del PP que, dijo, solo defienden los intereses del 1% más rico. «Han cambiado de líder, pero hay tres cosas que no han cambiado: solo defienden a la élite de este país; siguen usando la mentira como arma política; y siguen teniendo su sede en Génova con todo lo que eso significa».
Montero asestó una serie de ataques al PP por su posición ante cuestiones como la subida de las pensiones e incluso también por su gestión de la crisis financiera iniciada en 2009.
Gamarra no se vino abajo y acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de “buscar un poco de oxígeno” a costa de asfixiar a los españoles, fundamentalmente a las clases medias, que son las grandes olvidadas, en lugar de “atajar la recesión” que anticipan órganos como la Airef.
También le exigió “transparencia” en las “concesiones” y “cesiones” a sus socios, como PNV y ERC. “Los españoles tienen derecho a saber qué está negociando Pedro Sánchez con los independentistas a cambio de conseguir los apoyos para los Presupuestos”, dijo. También ironizó con que el Gobierno diga que sus cuentas están basadas en la “justicia social” cuando lo que buscan es vivir “a costa de las próximas generaciones”: “Estamos no ante los PGE sino ante las hipotecas generales del Estado porque Sánchez para continuar al frente del Gobierno está dispuesto a hipotecar no solo el presente de los españoles sino el futuro”.
Lo cierto es que solo un día antes de este debate político económico la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, sentenció las cuentas del Gobierno justo en el flanco que más duele. La institución considera que las principales ayudas para cubrir los gastos energéticos y de transporte son completamente regresivas. Es decir, las personas que más renta tienen son las que más fondos reciben frente a las más pobres, que son las que menos dinero de las subvenciones obtienen, justo lo contrario que las recomendaciones del libro blanco de la reforma tributaria aprobado por el Ejecutivo.
Las cesiones a los nacionalistas
Hubo tiempo también para las críticas a las contraprestaciones que el Gobierno suele otorgar durante la negociación de las cuentas a las formaciones nacionalistas. Gamarra exigió “transparencia” al presidente del Gobierno. Puso como ejemplo la última enmienda del PNV que permitirá a la selección autonómica vasca de pelota y surf competir en el extranjero. También las negociaciones paralelas entre el Gobierno y ERC para modificar el delito de sedición. Montero dio por cerrado este punto en el estrado, aunque después tuvo que retractarse de sus declaraciones en los pasillos del Congreso.
Una vez que ERC ha aceptado rebajar la pena y no eliminar el delito -lo que pedían hasta hace unos meses-, el Gobierno ve posible una mayoría parlamentaria que lo apruebe en la Cámara baja este 2022. Moncloa no quiere relacionar este debate con el de PGE a pesar de que no creen que les suponga un coste electoral en las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
La ausencia de los líderes
Ni Sánchez ni Feijóo han asistido al debate que se celebra en el Congreso. El jefe del Ejecutivo inició el pasado martes una visita a Kenia y Sudáfrica con el objetivo de buscar nuevas oportunidades de negocio e inversión para las empresas españolas y con la mirada puesta en la Presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023. Por su parte, el jefe de la oposición ha asistido al Pleno del Senado, que ha acogido varias votaciones a lo largo de la jornada.
El escenario acecha las cuentas
Para que estas cuentas tengan el efecto esperado por Moncloa el panorama económico será determinante. Los presupuestos han dejado fuera el paquete fiscal compensatorio de los efectos de la crisis energética y de precios para 2023. El próximo 31 de diciembre decaerá el Real Decreto en el que se establecieron las ayudas y medidas para paliar los efectos de la crisis económica provocada por los altos precios de la energía y la inflación, agravada por la guerra en Ucrania.
La Airef ya ha advertido sobre el peligro de recesión que puede asolar la economía española, sobre la altísima inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y la incógnita de lo que durará la guerra con sus consecuencias, y la reciente subida de los tipos de interés por el Banco Central Europeo no mejora estos pronósticos.
La brecha ahonda más todavía entre el PSOE y el PP, en un momento en el que en privado intentan negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está en su fase final pero en el momento más complejo. El Partido Popular no va a dar tregua al Gobierno en este momento económico, en tanto que los socialistas quieren que llegue a la sociedad el mensaje de que son las cuentas de las clases medias y trabajadoras frente a la élite que, en su opinión, representa el Partido Popular.
Aún quedan por delante largas negociaciones para cerrar un acuerdo que permita la aprobación final de los terceros PGE del Gobierno de coalición y los últimos de esta legislatura. Las distintas formaciones presentarán sus enmiendas a las cuentas, que aún deberán pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva por el Congreso, en los últimos días del año. Y ahí, sí, empieza la cuenta atrás para la campaña electoral.