La okupación vuelve al debate político. El PP quiere presentar este jueves una moción para que se vote en el Pleno del Congreso que persigue que los okupas puedan ser desalojados en las primeras 24 horas, frente a las 48 horas que defienden los socialistas en una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El PP recoge en su moción que se regule el desalojo de una vivienda okupada en un máximo de 24 horas desde el requerimiento, si los ocupantes del inmueble no acreditan el título jurídico que legitime su permanencia en el mismo. También quiere que el desalojo sea inmediato en caso de flagrante delito y que se refuercen las penas por usurpación hasta con tres años de cárcel.
Esta misma semana, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, también ha anunciado medidas para ayudar a las víctimas de la okupación: bonificar el 100% de la factura del agua a los propietarios de un inmueble okupado, que hasta ahora estaban obligados a asumir el pago de los consumos efectuados por los ocupantes. Con esta medida, el Gobierno regional pretende ayudar a los propietarios de las 4.300 viviendas que se estiman que están okupadas en la región.
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Esta nueva ayuda se aplicará desde la fecha de presentación de la solicitud y durante el tiempo que dure la situación de ocupación ilegal. Inicialmente, tendrá una vigencia de seis meses que, en todo caso, podrá prorrogarse en periodos de idéntica duración mientras las viviendas permanezcan ocupadas ilegalmente y así se justifique.
La Comunidad ha puesto en marcha el servicio 112 Ocupación, que ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono gratuito 900 205 112.
Inmuebles ocupados
Pero, ¿cuántos inmuebles hay okupados ilegalmente en nuestro país? Según los datos del Ministerio de Interior, las denuncias por ocupaciones de inmuebles han aumentado un 62,67% de 2017 a 2021, pasando de 10.619 denuncian en 2017 a 17.274 en 2021.
La estadística no distingue entre usurpación y allanamiento. La primera ocurre cuando los okupas entran en una vivienda o local vacío o sin uso. Mientras que el allanamiento de morada se produce cuando alguien entra de forma ilegal en el lugar en el que alguien habita.
El Instituto Nacional de Estadística recoge cuántas de estas denuncias acaban en condena. En 2017 hubo 6.757 personas condenadas por usurpación de vivienda y 327 por allanamiento, mientras que en 2021 hubo 4.302 por usurpación y 230 por allanamiento.