La actitud de la ministra de Igualdad, Irene Montero, está causando malestar en el PSOE, debido a las intervenciones realizadas en las últimas semanas, a raíz de la defensa de la ley «Sólo sí es sí». Sus salidas de tono y su falta de humildad , hace que los socialistas dejen de respaldarla en público y se distancien cada vez más de la ministra.
El ataque realizado ayer en el Congreso de los Diputados contra el Partido Popular, acusándoles de «promover la cultura de la violación« ha supuesto superar los límites políticos de la crispación. Donde los ciudadanos perciben que el Parlamento se ha convertido en un lugar donde los insultos y ofensas personales proliferan como algo habitual.
El Gobierno de la parte socialista, quiere desligarse del comportamiento mostrado por la titular de Igualdad, con el fin de que la ciudadanía sepa diferenciar un socio de otro en el Ejecutivo. Sobre todo teniendo en cuenta el calendario electoral, a sólo seis meses de las elecciones autonómicas y locales.
El portavoz del PSOE, Patxi López, en los pasillos de la Cámara, aseguró que: «Precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debería jugar con esto«. Una muestra de que desde las filas de su formación, no estaban para nada de acuerdo con las palabras de Irene Montero.
Por su parte la ministra de Justicia, Pilar Llop, a preguntas de los periodistas, señaló que todas las fuerzas políticas que votaron a favor de la ley integral y el pacto de Estado contra la violencia de género, como fue el PP, «son partidos que están a la altura de las circunstancias».
En la misma línea se expresó la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, quien refutó las «expresiones gruesas» realizadas por Montero. «España merece mucho más que eso», señalaba la política socialista. La propia presidenta de Congreso, Meritxell Batet, tuvo que pedirla que evitara ese tipo de lenguaje en su intervención, algo que no suele ser muy habitual para evitar roces en la coalición.
Nerviosismo de Irene Montero
El nerviosismo mostrado de Irene Montero tras los agujeros jurídicos de su polémica ley, está siendo el origen de todos sus problemas. La rebaja de las penas a los violadores, supuso que todas las miradas se centrasen en ella, como promotora de la nueva legislación. Para defenderse de las críticas, acusó a los jueces de «machistas y de carecer de educación en violencia de género».
Estas afirmaciones generaron la indignación del colectivo de los jueces, solicitando su dimisión ante lo que consideraron «descalificaciones inadmisibles». Desde la oposición, PP, VOX y Ciudadanos también han exigido que la ministra renuncie de su cargo, por poner a la adjudicatura como el causante de la reducción de condenas a los agresores sexuales.