El Gobierno crea el delito de enriquecimiento ilícito como le exigía ERC

El Gobierno pretende crear el delto de enriquecimiento ilicito que estaría penado con hasta tres años de cárcel, con el fin de contentar a sus socios independentistas, principalmente una exigencia de ERC y así poder rebajar las condenas de malversación a los condenados del procés.

La novedad es que el Ejecutivo va a presentar en el día de hoy enmiendas para reformar el Código Penal que estsblece que aquellos cargos públicos con un patrimonio superior a 250.000 euros cuyo patrimonio no esté justificado supongan penas de cárcel.

El portavoz del partido socialista en el Congreso lo ha justificado así : “Es algo lógico para que nunca más vuelva a pasar. De esta manera España se situará entre los países más avanzados en esta materia como es Francia, Portugal y Luxemburgo. No queremos ver nunca más a un responsable público que se beneficia de un enriquecimiento ilícito e injustificable sin que esto tenga ninguna explicación ni ninguna consecuencia. Se trata, por tanto de un paso lógico en el camino de la transparencia y la redición de cuentas«, señaló el portavoz del PSOE.

ERC presenta su enmienda

ERC ha presentado la enmienda a la reforma del Código Penal en la línea de lo anunciado hoy por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que propone modificar el delito de malversación que afecta a autoridades y funcionarios para distinguir si esa apropiación indebida de bienes conlleva o no ánimo de lucro para la persona. De forma que fija penas más bajas para quienes no se beneficien personalmente del delito.

De ésta manera saldrían beneficiados los políticos condenados del procés independentista y que fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo a varios años, tras ser declarados culpables por el delito de malversación de fondos públicos.

Concretamente, la propuesta de ERC que retoca el artículo 432 plantea condenas con horquillas de prisión de dos a ocho años para los casos más graves en los que exista «ánimo de lucro» y de seis meses a tres años para el cargo que «sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

R.F.