La Comunidad de Madrid ha decidido no adherirse a los nuevos mecanismos de financiación y liquidez aprobados por el Gobierno para trasladar las mejores condiciones del Tesoro a las administraciones territoriales dado que consideran que el ahorro es «nulo» y que beneficia a las comunidades autónomas «más incumplidoras».
Coincidiendo con que este martes finaliza el plazo para acogerse a las ayudas, fuentes del Ejecutivo madrileño han explicado a Europa Press que el rechazo viene motivado porque el ahorro del que hablaba Hacienda no es tal y porque, entre otras cosas, entienden que no se adapta a las comunidades que no estaban acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Así, han explicado que, según el Estado, la Comunidad ahorraría 219 millones de euro acudiendo al nuevo mecanismo financiero en 2015, pero las estimaciones realizadas por la administración madrileña «divergen sustancialmente de esa valoración» concluyendo que el ahorro para la región sería «nulo».
Justifican este cálculo, entre otras cosas, porque el Ministerio de Cristóbal Montoro «calcula que Madrid se endeudaría, por el endeudamiento nuevo y las amortizaciones, a unos tipos muy superiores a los reales para conseguir una cifra de ahorro más abultada, que fija en 96,7 millones de euros».
Así, explican que Hacienda toma como referencia una financiación a 10 años cuando la Comunidad de Madrid se financiaría a cuatro –teniendo en cuenta que la vida media de la cartera madrileña se sitúa en torno a los 5 años–. Además, añaden que atribuye unos tipos superiores a los posibles para la Comunidad en los mercados (Tesoro +15/20 puntos básicos).
También entienden que dada la configuración del FLA, la liquidación de intereses se produce a fin de año, por lo que en 2015 el ahorro conseguido sería «cero«. Además, señalan que el Ministerio valora como ahorro los 55 millones de euros de la anualidad correspondiente a la devolución de la liquidación negativa 2009, «pero dicho importe ya computó a efectos de déficit en 2011 por lo que ahora no incrementa la posibilidad de dedicar estos recursos a la prestación de servicios públicos». «Tampoco mejoraría la tesorería regional al eliminarse la autorización de endeudamiento ligada a ello», apostillan.
Asimismo, indican que el Ministerio incluye en el ahorro el cálculo de la autorización por la no financiación del exceso de déficit de 2011, una cantidad «que no tendría repercusión en 2015 por las mismas razones vertidas en los puntos anteriores».
En el mismo sentido, explican que el Ministerio valora como ahorro el derivado del Plan de Pago a Proveedores (67,9 millones de euros) cuando la Comunidad de Madrid «ya lo refinanció y amortizó siendo el ahorro por este concepto también cero». En conclusión, entienden que el «supuesto beneficio» de 2015 para la Comunidad de Madrid por acudir al mecanismo es próximo a «cero», que las cifras ofrecidas por el Ministerio son «ficticias» y que «se alejan mucho de la realidad».
«MERMA» DE LA AUTONOMÍA
En otro orden de razones, entienden que el mecanismo no es una medida de ahorro para las CCAA no adheridas al FLA «sino una merma de su autonomía financiera con posibles consecuencias negativas de futuro». Además, «acudir al nuevo mecanismo supone mutualizar deuda y riesgo con otras CCAA al tener que asumir la Comunidad el riesgo de regiones como Cataluña, Valencia, Murcia, o Andalucía, en situación de quiebra financiera», han señalado.
Así, subrayan que lo que Madrid defiende es la misma postura que el Reino de España «cuando decidió no acudir al rescate europeo y consiguió financiarse al 1 por ciento mientras el Tesoro pagaba en 2012 el 5,5 por ciento«. «No parece posible que ni Alemania ni España quisiesen mutualizar su riesgo con Grecia», han apuntado.
En la misma línea, señalan que el hecho de que las CCAA «solventes como Madrid» sigan emitiendo deuda transmite «un mensaje de confianza en el Estado de las Autonomías» y que el problema «no reside en el Estado Autonómico sino en la gestión llevada a cabo en cada región».
Si la Comunidad se mantiene en el mercado de deuda «contribuirá a dar solvencia al sistema español» mientras que acudir al mecanismo «podría interpretarse como una intervención, como una falta de solvencia, generando un problema de credibilidad en la estructura organizativa del Estado«. Por eso, las mismas fuentes han añadido que Madrid ya ha pedido la autorización para colocar la deuda en los mercados, como vienen haciendo, y que siguen a la espera.
IGUALDAD
A juicio del Gobierno de Ignacio González, el Ministerio de Hacienda «debe respetar el espacio constitucionalmente reservado a la autonomía financiera de las CCAA sobre la base de la igualdad». «Las regiones tienen derecho a elegir su propia política de endeudamiento, por sí mismas o a través de mecanismos estatales», entienden.
Así, desde el Ejecutivo regional señalan que el impacto para la economía y el empleo podría ser «nocivo». En concreto, creen que sería «dañino» el tener que asumir el mismo riesgo que tiene Cataluña, Valencia o Murcia. «De hecho, en el índice oficioso de S&P «Indicative Credit Level» (ICL), la Comunidad tiene una calificación crediticia dos escalones superior a la del Reino de España. Y, si no la tiene oficialmente, es porque el riesgo del Reino de España perjudica a Madrid», sostienen.
«Ante la falta de beneficios claros derivados del mecanismo para la Comunidad de Madrid en el corto plazo y teniendo en cuenta el peligro de mayores costes de futuro al volver a los mercados, la Comunidad de Madrid quiere seguir ejerciendo su autonomía financiera en los términos previstos en la Constitución Española», recogen en sus conclusiones.
Por otro lado, entienden que el Ministerio de Hacienda no trata por igual a las comunidades y trata mejor a las «que más han incumplido los objetivos de déficit». «No puede darse mayores facilidades de financiación a las regiones más incumplidoras y que más deuda tienen», aseguran, al tiempo que destacan que los nuevos mecanismosadoptados pueden poner en peligro el «trato igualitario y equilibrado» que promulga la Constitución, la LOFCA y la LOEPSF.
Por último, entienden que el Ministerio de Hacienda crea mecanismos de reparto de los recursos entre las regiones «de forma arbitraria» y al margen de la LOFCA y de la Ley del Sistema de Financiación Autonómica. Es una «reforma encubierta» del sistema y se distribuyen los recursos en función de deuda «en lugar de utilizar los criterios de reparto que contempla el propio SFA (población, superficie, dispersión, envejecimiento poblacional, etc)», lamentan.