El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió en la mañana de este jueves a la Guardia Civil a la Comunidad de Madrid para pedir todos los contratos sobre reputación 'on line' que la Administración regional suscribrió con las empresas de Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, imputados en la causa en la que se investiga a la red de corrupción 'Púnica', informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Según informaron fuentes de la Comunidad madrileña, toda la información requerida por el juez ha sido ya entregada a los agentes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un oficio este jueves para que la Unidad Central Operativo (UCO) del instituto armado se persone en varias sedes de la Administración regional, entre las que se encuentra la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, que dirige Salvador Victoria.
Según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, los datos requeridos corresponden al área de contratación de la Administración regional, a la Agencia de Informática y Comunicaciones y a la Oficina de Comunicación de la Comunidad de Madrid.
Además de las actividades de De Pedro, el magistrado investiga los contratos sobre 'reputación on line' que habría firmado la empresa de José Antonio Alonso Conesa, antiguo alcalde de Cartagena (Murcia) y exdiputado del PSOE, también imputado en el procedimiento.
Tráfico de influencias
El juez Velasco, que investiga la red de corrupción constituida alrededor del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, señalaba en un auto dictado el pasado 30 de octubre de que De Pedro es la «cabeza» de un importante entramado de tráfico de influencias que prestaba «servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares«.
El magistrado considera que estos «trabajos» abrían a De Pedro la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían «la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros» en lugares como Murcia, León y Madrid.
El auto también señalaba que la empresa de De Pedro ha sido «históricamente» adjudicataria de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid y en empresas públicas dependientes de la Administración regional, en la que Granados «ocupó cargos de relevancia». Entre sus clientes entre 2004 y 2013 se encontraba el Ayuntamiento de Valdemoro, cuyo exalcalde José Carlos Boza también está imputado.
Además, De Pedro organizaba eventos para el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Arpegio Areas de Promoción Empresarial, el Instituto Madrileño de Desarrollo o Fundación Arpegio durante «varios ejercicios», en los que Granados «ocupaba cargos de relevancia en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Victoria niega los contratos
La decisión del magistrado instructor del 'caso Púnica' se ha producido después de que el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, reiterara este martes que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha «contratado» ni se han «prestado servicios de promoción de la imagen de altos cargos».
«Lo único que existe son servicios ordinarios como en cualquier otra institución pública o privada de seguimiento 'on line' de noticias que afectan a la Comunidad de Madrid», ha señalado antes de apuntar que las informaciones publicadas sobre este asunto son «falsas».