Como el principio de causa y efecto. El Ayuntamiento de Leganés, con Jesús Gómez a la cabeza, se apartó el pasado mes de noviembre del procedimiento del ‘caso Facturas’ contra el anterior alcalde socialista y ahora concejal del consistorio, Rafael Gómez Montoya. Dos meses más tarde, el consistorio de Gómez pudo sacar adelante la segunda fase del parque empresarial ‘Leganés Tecnológico’ más conocido como Legatec. Fuentes cercanas al ayuntamiento emparejan este hecho con el paso atrás de Gómez en el ‘caso Facturas’.
Cinco concejales socialistas se abstuvieron de votar en el pleno municipal celebrado el pasado 29 de enero, propiciando la aprobación por mayoría simple de la segunda fase de Legatec. Entre los cinco concejales estaba Rafael Gómez Montoya, principal implicado en el ‘caso Facturas’. Los otros cuatro fueron Pedro Atienza, Emilia Quirós, Ana María Massó y Luis Martín Sierra. Las mimas fuentes aseguran que estos cinco ediles son cercanos a la corriente de Rafael Simancas, responsable de la actual gestora del partido madrileño. Los únicos tres socialistas que votaron en contra simpatizaban con la facción más cercana al exsecretario general del PSM, Tomás Gómez.
El documento presentado por el representante del alcalde de Leganés en el Juzgado nº 8 del municipio no esgrimía argumento alguno sobre la retirada: “Suplico al juzgado: que teniendo por presentado este escrito, sirva admitirlo y en su virtud se acuerde dejar sin efecto la personación en las presentes actuaciones de mis tres representados (Jesús Gómez, Juan Carlos Cenamor y Diego Alhambra), teniéndolos por apartados como acusación popular, acordando la devolución de los 3.000 euros entregados en su día como fianza por el ejercicio de dicha acusación”.
La juez Blanca Grand decretó finalmente el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones el pasado 16 de febrero.
Desde la oposición se muestran sorprendidos por el mutis del alcalde y recuerdan que fue el propio Gobierno municipal quien recurrió en 2012 el sobreseimiento de las actuaciones por parte del Juzgado nº 8. Tras este recurso, la Audiencia Provincial de Madrid volvió a reabrir el caso en verano de 2013 al considerar que había indicios de malversación y tráfico de influencias en la labor del exalcalde socialista, Gómez Montoya.
El ‘caso Facturas’ investigaba los presuntos pagos, mediante empresas municipales, de servicios de publicidad en un medio local durante la campaña socialista local de 2007.