La Fiscalía pide trece y cinco años de prisión para una mujer y su pareja por un delito continuado, durante más de dos años, consistente en engañar, amenazar de muerte y explotar a una mujer a la que obligaron a entregar más de 50.000 euros y a prostituirse para saldar una supuesta deuda.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará desde mañana el juicio contra Rosa de Alejandría A. G. y César G. A. por los delitos de estafa, trato degradante y prostitución.
Los hechos ocurrieron entre enero de 2013 y agosto de 2015, tiempo en el que la acusada y su pareja llevaron a cabo un plan para aprovecharse de la complicada situación económica de la víctima, ofreciéndole participar en un negocio ilícito a cambio de una recompensa económica, según recoge el fiscal en sus conclusiones provisionales.
Rosa y César ofrecieron a Juana llevar divisas de España a Ecuador, donde residía su marido, lo que la víctima aceptó por su situación económica.
Pero cuando iba a hacerlo le hicieron creer que detrás del negocio aceptado había una peligrosa banda criminal de origen albanés que la vigilaba constantemente y que podía hacerle daño a ella y a su familia.
Como Juana no pudo reunir los 5.000 euros que le habían pedido para poder comenzar en el negocio, le aseguraron que debía entregar sus muebles para que la banda pudiera transportar en ellos la mercancía que considerase, y fueron pidiéndole cada vez más dinero por supuestos problemas durante el proceso.
Ante esta situación, Juana pidió ayuda a sus familiares, quienes entre ahorros y créditos llegaron a entregar hasta 52.000 euros a la pareja acusada, que sin embargo no sirvieron para saciar la deuda contraída con la supuesta banda criminal.
Debido a la incapacidad de Juana para aportar más dinero, a partir de septiembre de 2013 y por un período de casi dos años los estafadores la obligaron a ejercer la prostitución en el polígono madrileño de Marconi, donde debía reunir un mínimo de 1.400 euros semanales para saldar las deudas presuntamente contraídas.
Juana sufrió un embarazo no deseado y, a pesar de comunicar el hecho a la pareja, la forzaron a seguir trabajando y a dar el hijo en adopción, amparándose en falsas directrices de la banda criminal.
La víctima fue incapaz de cumplir con las cantidades semanales establecidas por los estafadores, pero las amenazas se intensificaron y Rosa y César la forzaron a irse a vivir con uno de sus clientes, que había contraído especial cariño por ella, con el objetivo de obtener mayores ganancias.
La relación entre ambos se mantuvo desde principios de 2014 hasta el 30 de julio de 2015, cuando Juana fue recogida por la policía en el polígono de Marconi al tener conocimiento a través de su esposo de la situación en la que se encontraba.
La Policía procedió a detener a la acusada el día 1 de agosto y a su pareja, a la que acusan de colaboración, dejando tras de si a la familia de Juana en una situación de total penuria económica.