Los Ayuntamientos madrileños y entidades públicas que estos administran suman 388 entidades que en 2014 contrataron 3.422 millones de euros, cantidad ligeramente inferior a la contratada en 2013. La Cámara de Cuentas de Madrid ha identificado malas prácticas contractuales en 53 de estas entidades, un 14% del total.
Los auditores públicos identifican diversas malas prácticas administrativas, aunque las más relevantes son las que se refieren a los contratos de adjudicación directa en la que los ayuntamientos tienden a evadir los controles administrativos y la concurrencia entre empresas. En estas malas prácticas incurren los gestores de todas las formaciones políticas.
La Cámara recomienda que, en los casos de utilización de los procedimientos negociados sin publicidad, los órganos de contratación deben promover, si es posible, una concurrencia real y efectiva, de manera que se obtengan varias ofertas con las que poder negociar las condiciones del futuro contrato. Llama la atención la institución sobre el buen número de instituciones que no acaban recibiendo tres ofertas.
Por otra parte, la mayor puntuación en el criterio de adjudicación debe recibirla la oferta más económica, insiste la entidad, y no la que no supere determinados porcentajes fijados a priori por el Ayuntamiento en cuestión.
Malas prácticas municipales
Diversos contratos calificados como de “gestión de servicios públicos” debieron haberse calificado como de servicios, ante la ausencia de transferencia de riesgo en la explotación del servicio por el adjudicatario, lo que afecta a su precio, evidentemente. Los municipios de Alcalá de Henares; Alcobendas y San Lorenzo del Escorial realizaron esta mala práctica.
Collado Villalba incluyó una mala calificación de contrato al determinar como de gestión de servicios públicos lo que es un contrato de colaboración, en el caso “servicios energéticos, mantenimiento con garantía total de las instalaciones de los edificios municipales y de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética”.
Hasta trece municipios celebraron contratos en cuyos pliegos no se otorgaba la mejor calificación a la oferta más baja sino a la establecida por el órgano de contratación. Se trata de los Ayuntamientos de Alcobendas, Berzosa de Lozoya, Brunete, El Molar, Mejorada del Campo, Navacerrada, Pinto, Puebla de la Sierra, Rivas-Vaciamadrid, Serranillos del Valle, Torrejón de Ardoz, Valdeavero y Villanueva de la Cañada
En diversos contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad la duración prevista en el pliego no se ajusta a lo establecido en la legislación, que prevé una duración limitada. Ayuntamientos de Ciempozuelos, Colmenarejo, Collado Villalba, Griñón, Guadarrama, Miraflores de la Sierra, Pinto, Ribatejada y Rivas-Vaciamadrid han incurrido en esta práctica.
En diversos procedimientos negociados sin publicidad los órganos de contratación no promovieron adecuadamente la mínima concurrencia exigible, trampeando en la recepción de propuestas. Se trata de Ayuntamientos como Alcobendas, Algete, Alpedrete, Arganda del Rey, Batres, Casarrubuelos, Cercedilla, Chinchón, Ciempozuelos, Cobeña, Coslada, Collado Villalba, El Vellón, Fuenlabrada, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Las Rozas, Loeches, Los Santos de la Humosa, Miraflores de la Sierra, Montejo de la Sierra, Navalcarnero, Pelayos de la Presa, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Valdetorres, Velilla de San Antonio y Villamanta y Zarzalejo.
Getafe
Uno de los análisis más esperados era el del “Centro Europeo de Producción de las Artes Audiovisuales y Escénicas de Getafe” que ha provocado la investigación policial al Exalcalde Juan Soler. La Cámara solo encuentra que el contrato “no ha sido eficaz” debido al alargamiento de la ejecución y posterior suspensión del contrato. No efectúa el auditor público reparo alguno de la contratación.
Miguel de la Balsa