La uralita mataba; pero no lo sabían. Hasta 2002 no se prohibió el uso del amianto en la construcción española. Demasiado tarde para muchos trabajadores de la fábrica de Uralita en Getafe, y en muchos otros lugares de la geografía española, que respiraban constantemente una neblina de polvo asesino.
Su inhalación provoca daños pulmonares de diversa gravedad, desde insuficiencias respiratorias a mesoteliomas, un tipo de cáncer de pleura muy agresivo. Tras más de diez años de procedimientos judiciales, el Supremo ha invalidado las sentencias favorables de 2009 y 2013 a favor de los trabajadores y que se centra en la forma de la denuncia, anulando el procedimiento. De los 21 demandantes en 2007 quedan sólo cuatro con vida.
CCOO de Madrid ha alertado sobre la relevancia de esta sentencia que no solo obliga a las familias a comenzar de nuevo sus demandas contra Uralita sino, muy especialmente, que nos llama la atención sobre los trabajadores expuestos, en activo o jubilados.
Entre 1970 y 2000 España importó 2,6 millones de toneladas de amianto que hoy siguen presentes en nuestro entorno como amianto instalado, principalmente en estructuras de edificios y en la industria. A lo largo de estos 30 años más de 140.000 trabajadores se vieron expuestos a amianto en nuestro país (entre 12.000 y 15.000 en Madrid).
Según estimaciones de la Comisión Europea, hasta el año 2030 se producirán en España entre 40.000 y 56.000 muertes por cáncer de pleura y pulmón directamente relacionados con la exposición al amianto (5.000 en Madrid).
Estas enfermedades están consideradas como profesionales, pero no se declaran, de tal forma que para CCOO las víctimas del amianto lo son por partida doble: además de perder su salud y su vida, son víctimas de la falta de reconocimiento de la Seguridad Social.
Aunque la más importante fuente de exposición al amianto es la ocupacional, no puede olvidarse la exposición doméstica que sufrieron quienes lavaron y sacudieron en casa la ropa de trabajo de los trabajadores, así como la exposición ambiental que se producía al vivir cerca de una fuente de emisión como eran las fábricas o industrias que utilizaban amianto, y que hoy podemos sufrir ante el abandono de edificios con amianto. Se trata, por tanto, de un problema no solo de salud ocupacional sino también de salud pública.
Las administraciones competentes debieran asumir, señala el Sindicato, responsabilidades atendiendo a los afectados y a las víctimas, actuaciones con el amianto instalado, controlando el amianto instalado en los edificios y estructuras, así como controlar la externalización del riesgo a terceros países
Para el secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, “es necesario legislar, exigir y sumar esfuerzos de instituciones y de la sociedad que quiebren la impunidad de quienes causaron y causan tanto daño a la humanidad, se les exija toda la responsabilidad por atentar contra la salud y la vida de las personas y se les obligue a la reparación del daño”.
José Casanate