Cerca de 60 trabajadores de los centros de mayores y culturales de los distritos de Puente de Vallecas y Fuencarral han perdido su empleo de la noche a la mañana. El 28 de febrero recibieron una carta en la que les invitaban a descansar durante un periodo de tres días, tras más de nueve años en el mismo puesto de trabajo. Pero estas 'mini' vacaciones no son un premio a su esfuerzo y dedicación, sino una estrategia para preparar sus cartas de despidos que los propios afectados temen que lleguen el viernes, 3 de marzo. Esta situación ha sido consentida y provocada por Francisco Pérez, concejal presidente del distrito de Vallecas, que ha incumplido la promesa que les hizo a estos auxiliares de información cuando llegó al cargo. «Nos sentimos engañados por este señor», afirma una de las afectadas por estos despidos. «¿Este es el ayuntamiento del cambio? se pregunta otro los auxiliares.
Los problemas de estos trabajadores vienen desde que el Ayuntamiento de Madrid decidió externalizar el servicio, hace ya nueve años. Desde entonces han sufrido la precariedad laboral derivada de la ausencia de un convenio colectivo. En un primer momento, fueron denominados como conserjes de edificios, pero sus funciones no cuadraban dentro de este sector, según les explicaron desde el consistorio madrileño. Por este motivo, al año siguiente fueron denominados 'auxiliares de información', una categoría que no está inscrita en ningún tipo de convenio colectivo. Durante todo este tiempo, las empresas que se han hecho cargo de este servicio, a través de licitaciones públicas del Ayuntamiento de Madrid, han mantenido en sus puestos de trabajo a la gran mayoría de los empleados gracias a las subrogaciones, pero por voluntad propia, no porque tuvieran la obligación.
Pero ahora la situación es muy distinta. La Junta Municipal del distrito de Vallecas ha vuelto a sacar a concurso el servicio y la empresa Ortiz, compañía que en la actualidad tiene los derechos, no va a resultar la ganadora del mismo, según relatan los mimos afectados y fuentes de CCOO. Francisco Pérez, concejal presidente del Distrito de Puente de Vallecas, prometió a su llegada al poder que otorgaría a estos auxiliares de información un convenio colectivo que contemplara la subrogación. Pero los hechos no han confirmado las promesas. Pérez ha atribuido a estos trabajadores el convenio de oficinas y despachos, que carece de obligatoriedad de subrogación. Además, lo ha aplicado en la categoría más baja, el nivel nueve. El concejal presidente alega que esta clasificación ha sido realizada por los técnicos del Ayuntamiento y que es ilegal hacerlo de otra manera.
«Dicen que por repetir muchas veces una mentira se convierte en una verdad. Pero la realidad es que Ahora Madrid ha sacado un pliego de condiciones con un convenio nuevo y, en lugar de poner uno que contemple la subrogación, han preferido poner otro que no lo tiene. Esto tiene que ser una voluntad política y no lo han tenido«, afirma Isabel Rodríguez, miembro de Comisiones Obreras. Para esta representante sindical la solución sería otorgar a estos empleados el convenio de Seguridad Privada, de manera que conservaran las mismas condiciones salariales y pudieran ser subrogados.
«Nuestra funciones van más allá de informar a la gente. También nos encargamos de abrir y cerrar puertas, de vigilar que la temperatura sea la adecuada, de facilitar cualquier cosa a las personas mayores que visitan el centro…», afirma una de las afectadas en relación a la petición de Rodríguez.
A la calle sin indemnización
La promesa incumplida en el pliego de las condiciones de la nueva licitación, publicado por el Ayuntamiento de Madrid, se ha visto agravado por la manera de proceder de 'Ortiz', empresa que tiene los derechos actuales. Esta constructora, con sede en el distrito de Puente de Vallecas, tenía subrogado el servicio de auxiliares de información hasta el 28 de febrero a la empresa 'Preman', a la cual pertenecen los 31 empleados de este distrito que irán al paro en los próximos días (también irán al paro cerca de 30 empleados más en el distrito de Fuencarral). El problema es que hasta que se conozca el ganador de la nueva licitación la compañía Ortiz ha de hacerse cargo del servicio, y para ello ha decidido no contar con Preman y contratar para estas labores a la empresa, 'Élite y Espacio'. «Lo que no quiere es hacerse cargo de las indemnizaciones de estos trabajadores porque claro si ello se quedan durante este mes como prestadores directos del servicio, y luego le adjudican esta licitación a otra compañía que no los subroga, Ortiz tiene que hacerse cargo de las indemnizaciones», explica Rodríguez.
Al final, el resultado de las actuaciones del consistorio madrileño y de la empresa Ortiz suponen que 31 empleados (en el caso del distrito de Puente de Vallecas) pierden sus trabajos. «La nueva empresa que gane la licitación no va a contar con unos trabajadores inactivos y menos si no tenemos el derecho a la subrogación», afirma una de las afectadas. En este sentido, fuentes de CCOO sospechan que la ganadora de este concurso público es una compañía que raya la baja temeraria. De ser así, el resto de licitadores impugnarán la adjudicación y el proceso se extenderá en el tiempo. «De momento, yo ya he visto los cuadrantes diseñados para este mes de marzo y yo no aparezco en ninguno, por lo que deduzco que en breve me llegará mi carta de despido«, afirma una de las empleadas afectadas.
Si se puede, pero no se quiere #60alacalle pic.twitter.com/3Z4WrCr46i
— MR.BORJIUS (@MRBORJIUS) 1 de marzo de 2017
A pesar de lo complicado del asunto, los trabajadores en cuestión no se van a quedar de brazos cruzados. De hecho, ya se se han manifestado en un pleno ordinario de la Junta de distrito del Puente de Vallecas y han sido recibidos por la concejala socialista, Mar Espinar, que ya le has prometido que defenderá su caso en el salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid. Además, los ancianos que visitan estos centros de mayores ya han recogido más de 3.000 firmas en menos de dos días para que estos empleados permanezcan en su puestos de trabajo. Es más, hay algunas de estas personas mayores que se ha negado a realizar cualquier actividad en estos centros hasta que esta situación no se resuelva.
Carlos Lospitao