Las cifras presentadas por el concejal de Madrid Sánchez Mato constituyen un alegato para no retocar las cifras del presupuesto y un inventario de razones que tratan de esconder las cifras de incumplimientos, rechazando los criterios que Hacienda ha ido fijando en sucesivas circulares para el cumplimiento de la llamada “regla de gasto”.
El Ayuntamiento propone una revisión de la interpretación de la regla de gasto al Ministerio de Hacienda, por lo que se hace inútil la reunión que Carmena y Montoro mantuvieron el 21 de noviembre y que ocasionó un enfrentamiento con el concejal de Hacienda, que este zanjó con un whatssap enviado a sus próximos: “Carmena recula”.
La regla de gasto que cumplen todos los Ayuntamientos, y que supuso para Madrid en 2016 un incumplimiento de 233 millones, no se cumplirá por el Gobierno madrileño, al menos esa es la voluntad de Ahora Madrid.
Según el documento entregado a la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Sánchez Mato se obstina en determinar qué cantidades debieran dejar de computarse por la regla de Montoro.
Entre ellas destacan estos conceptos: gastos que proceden de impuestos (exenciones: 6,6 millones); gastos por sentencias y expropiaciones (101 millones) y traspasos contables en la empresa de vivienda (70 millones). Añade el concejal que el anticipo de pago de deuda ha supuesto una penalización de 1,8 millones. Hay que señalar que el anticipo de endeudamiento se debe a que el Gobierno de la ciudad no fue capaz en 2016 de ejecutar su propio presupuesto de inversión, ya que la legislación permite la aplicación a inversiones de los recursos exonerando al superavit, en ese caso, de pagar deuda.
Por otra parte, y de forma sorprendente, considera que la inversión en la recompra del edificio de Alcalá 45, por 104 millones de euros, no debe incluirse en la liquidación de los presupuestos madrileños. Este edificio fue recomprado, por procedimiento de urgencia, los últimos días de 2016, para adecentar las cifras de inversión que, sin esa compra, no superaban el 17% de ejecución sobre la prevista.
Si se suman esas pretensiones municipales, algunas un poco sorprendentes (la inversión en un edificio o el mero cambio contable de la empresa de la vivienda) el Ayuntamiento se reconoce a sí mismo 50 millones de capacidad para gastar.
Por si acaso esta contabilidad creativa no fuera suficiente, el Ayuntamiento dice que gasta 428,5 millones en competencias impropias. Una terminología que el municipalismo progresista siempre ha rechazado, y que aduce para solaz de los responsables de Hacienda que, aun siendo «impropias», debe financiarlas el Ministerio. La mayor parte de las mismas no se corresponden a servicios sociales (117 millones) sino a servicios públicos como Seguridad (119 millones) y Urbanismo (157 millones).
El grupo municipal del PP ha calificado el plan como «trampa», mientras Ciudadanos sostiene que la pretensión es desafiar a Hacienda.
Domingo Labrador