Abren los centros municipales, cuidan de que todo esté en orden, salvaguardan el bienestar de los ancianos, facilitan toda la información necesaria a cualquier persona que lo requiera y muchos de ellos llevan más de nueve años en su puesto de trabajo. Son los auxiliares de información de los centros de mayores y culturales de la capital que miran con preocupación su futuro más próximo. Durante los próximos meses se cumplen los contratos de las empresas que tienen la concesión de estos servicios y los nuevos requisitos para acceder al concurso público de esta explotación supondrá el despido de la mayoría de los auxiliares de información. Hasta el momento, ya hay cerca de 60 personas que han sido despedidas, todas ellas de los distritos de Vallecas y Vicálvaro. Pero los próximos que irán al paro serán los del distrito Centro. «No hay voluntad política por cambiar nuestra situación», afirman los afectados.
El problema de todos los auxiliares de información radica en dos factores fundamentales: su convenio, y las nuevas reglas para acceder a la licitación pública para explotar este servicio. En cuanto a la primera de las condiciones cabe recordar que estos trabajadores carecen de un convenio que se ajuste a la realidad de sus funciones. En la actualidad, se les aplica el convenio de Oficinas y Despachos, que no contempla la subrrogación obligada. Esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por los propios auxiliares de información.
En el pasado, el equipo de gobierno de Ana Botella no puso demasiado empeño en cambiar esta «injusticia», pero con la llegada de Ahora Madrid al poder todos los empleados respiraron tranquilos. Todo hacía indicar que sus condiciones laborales iban a cambiar y mejorar. De hecho, los concejales presidentes de cada distrito se reunieron con los trabajadores nada más aterrizar en sus sillones. En algunos distritos como el de Vallecas esos encuentros se han llegado a extender a lo largo de más de un año, pero tras varias promesas su situación no es que no haya mejorado, sino que ha empeorado.
Todas las reuniones giraban entorno a una idea: cambiar su convenio colectivo para aplicarles el de Seguridad. Esta permuta supondría una serie de cambios en las condiciones laborales de todos ellos, pero tal vez la más significativa sería la inclusión en sus contratos de la subrogación obligada. Los propios afectados defienden que sus funciones podrían ser encuadradas perfectamente en este convenio. «No sólo informamos, también abrimos los centros, vigilamos que todo esté en orden, cuidamos de los usuarios…», afirma uno de los auxiliares. Por su parte, el consistorio explica que es «imposible» aplicar el menor de los rangos dentro del convenio de Seguridad. Otro de los actores implicados en esta disputa, los sindicatos, afirman que lo único que ha faltado es voluntad política de los nuevos dirigentes para cambiar la situación de estos trabajadores.
El otro de los problemas que complica la continuidad de estos trabajadores son las nuevas licitaciones públicas para encargarse de este servicio municipal. Los requisitos para acceder a este concurso público ha favorecido para que se presenten varios centros especiales de empleo. En este sentido, la Ley es muy clara y dictamina que un centro especial de empleo la plantilla debe de estar compuesta por al menos un 70% de personas con una discapacidad reconocida del 33% o superior. Esto significa que en el mejor de los casos sólo el 30% de todos los empleados despedidos podrá ser contratado por las nuevas empresas que logren ganar la licitación.
Para los sindicatos y los afectados lo que ha falta es «voluntad política», aunque hay otras voces críticas que acusan al consistorio madrileño de falta de predicción. Estas acusaciones se producen después de que el Ayuntamiento Madrid conociera hace más de un año que el Tribunal Administrativo tumbaba sus cláusulas sociales.
«En enero de 2016, Ahora Madrid impuso unas cláusulas sociales donde se recogía la subrogación obligatoria para todos los contratistas del Ayuntamiento de Madrid, además de mejoras salariales y la imposibilidad de subcontratación», ha afirmado. Estas cláusulas fueron impugnadas por el Gobierno Central ante el Tribunal Administrativo, que procedió a a su vez a la anulación de las mismas en mayo del pasado año. Ante esta nueva situación la Junta Municipal de Vallecas tuvo que modificar el pliego de condiciones de algunas licitaciones pública, entre las que se encontraban las referentes al mantenimiento de los centros municipales del distrito», declaró a este periódico Francisco Pérez, concejal presidente de Vallecas, hace tan sólo unas semanas.
Carlos Lospitao