Si alguien creía que la dimisión de Aguirre daba por finalizado el periodo político al que se demandaban explicaciones, estaba en un error: es “el caso PP”, se ha repetido, al mismo tiempo, desde el Congreso a la Asamblea madrileña.
Las censuras espectáculo se han puesto en marcha e, independientemente, de sus posibilidades de generar alternativas, más bien ninguna, modificarán la agenda política en todas las instituciones.
Especialmente radicales se expresa Podemos, que hace un año tuvo la oportunidad de impulsar un cambio político y, a cambio, forzó elecciones políticas que mejoraron las posiciones del Partido Popular
La Comunidad de Madrid
Begoña Villacís dio la señal de alarma cuando convocó a los costes electorales de la Operación Lezo, saldada con detenciones, imputaciones y la dimisión de Aguirre. La caída de las «reinas» no era suficiente. Su correligionario en la Asamblea, Aguado, aunque anunció la descomposición del PP y se atribuyó las denuncias de corrupción, enfrió las expectativas de cambio político.
Pablo Iglesias, adelantándose a cualquier reflexión de su organización madrileña, anunció una Moción de Censura, con voluntad de presionar tanto al PSOE como a Ciudadanos. El Portavoz socialista se manifestó en contra de la Moción de Censura, pero abierto a otras posibilidades para el cambio político, mientras el Portavoz de Ciudadanos rechazaba un acuerdo tripartito.
Las otras soluciones
Las soluciones que sugiere el Portavoz Socialista son, según el Estatuto de Autonomía, dos que, en realidad, están en manos de la propia Presidenta. O bien una Moción de Confianza, que en el caso de ser rechazada obligaría a su dimisión y a nuevas negociaciones de Gobierno. Y las elecciones anticipadas, herramienta que también está en manos de la Presidencia y que solo puede ejercerse antes de que falte un año para que concluya la legislatura: es decir, con el límite del 15 de Mayo de 2018.
En suma, una alternativa de cambio político sin elecciones ni moción de censura se basa en forzar a la Presidente a invocar la confianza.
A la búsqueda del Caso Cifuentes
En esa dirección, y en la de forzar a Ciudadanos a separarse de su acuerdo de Gobierno, aumenta la presión sobre la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid.
Si bien ninguna de las dos comisiones investigadoras abiertas ha aportado ningún dato que haya podido ser aprovechado, cabe imaginar que se recrudezcan las presiones sobre el Gobierno regional.
Que, además de los datos conocidos, el juez Velasco haya solicitado información, aunque parcial, de la gestión del Plan Prisma, en la parte de comunicación y asesoría que correspondía a la gestión de Francisco Granados, redoblará la presión sobre este instrumento de cooperación con los Ayuntamientos, centralizado en Arpegio y que siempre ha sido citado como fuente de posibles contratos irregulares, gestión en la que han participado algunos de los colaboradores de Cifuentes.
Hay apoyos que matan. Aguado apoya, poniéndose de lado, mientras afirma que la estructura del PP «está carcomida por la corrupción», anunciando que Ciudadanos pedirá la comparecencia de Cifuentes en la Comisión de Investigación sobre corrupción de la Asamblea, con el fin de que aclare si conocía algo de esta trama, recordando que la presidenta madrileña fue miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014, cuando se cometieron «la mayor parte de las tropelías».
Los socialistas, que han impulsado junto a Podemos un Pleno Monográfico sobre el Canal, también aceptado por el PP, aseguran que tiene que ser Ciudadanos el que “vea si hemos llegado al límite de la contaminación soportable”. Por otro lado, para mantener la presión sobre Cifuentes, y dado que en el citado Pleno intervendrá Ángel Garrido, el Vicepresidente, buscarán la manera de que Cifuentes concurra a dar sus propias explicaciones.
Las fuerzas de oposición rastrean, hasta ahora con escaso éxito, la presencia de Cristina Cifuentes en el Consejo de Administración de El Canal y aquellas actas que pudieran contener algún tipo de acuerdo lesivo patrimonialmente para la Comunidad.
También, incluso desde Ciudadanos, niegan a la presidenta su derecho a presumir de haber enviado a la fiscalía la documentación que ha sido utilizada en la Operación Lezo. Todas las fuerzas de la oposición se amparan en la larga carrera política de Cifuentes para negarle capacidad regeneradora en la Comunidad de Madrid.
En todo caso, el ruido político está siendo lo suficientemente fuerte como para tapar la gestión del Gobierno madrileño, que intenta hacer pasar socialmente un discurso de competencia, especialmente en materia económica, y de regeneración.
La debilidad del PP de la Comunidad de Madrid
El Congreso del PP de Madrid estableció la autoridad de Cristina Cifuentes, sin embargo la fractura entre los sectores aún vinculados a Aguirre y Cifuentes y, aún más, los reflejos de las tensiones que se producen en la cúpula nacional del partido debilitan al PP regional.
Muchos de sus dirigentes se refugian en sus feudos locales a minimizar los daños que esta sufriendo la imagen del partido, antes que a ofrecer la fortaleza de sus alcaldías como recurso político de Cifuentes.
No es menos sorprendente la cantidad de portavoces populares que reconocen haber oído rumores, datos o incluso afirman poseerlos, también entre los que anida la venganza por haber sido excluidos en el pasado, sin faltar los que andan haciendo meritoriaje para obtener minutos de gloria en los que ocultar sus propias venalidades.
Domingo Labrador