Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid no están contentos con su situación. «Cada vez hay menos personal» y sus condiciones de trabajo han ido a menos en los últimos años, explican a Estrella Digital bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Además, se trata de un cuerpo gestionado por dos vías: por un lado, los bomberos de la propia Administración regional (personal laboral) y otros profesionales que pertenecen a dos empresas privadas, una situación que piden se regule para que solo sea la Comunidad quien gestione su trabajo, ya que produce diferencias y agravios entre bomberos que hacen el mismo trabajo.
Cada uno de estos cuerpos, tanto en el ámbito privado como en el público, tiene un amplio abanico de problemas. En el caso de los trabajadores públicos, han visto cómo su situación se ha ido deteriorando, primero, con la pérdida de las brigadas helitransportadas y con el cierre de las bolsas de empleo. Es cierto que en 2010 consiguieron dar un gran paso al conseguir que sus contratos fueran de «fijos discontinuos», frente a los contratos irregulares por obra y servicio que tenían hasta ese momento. A raíz de ganar una serie de sentencias judiciales consiguieron una contratación “acorde” a su trabajo. Sin embargo, desde 2012 nadie más ha podido entrar a formar parte de esa bolsa de empleo, ya que no se ha vuelto a renovar. Pero lo importante no ha cambiado.
El personal laboral público pide que se cambie la forma de contratación a bomberos forestales que existe desde el año 2010 en el código nacional de actividades profesionales, para adecuarlo a una categoría de acuerdo con las funciones que desempeñan a día de hoy. “Somos contratados como conductores, auxiliares de control e información y oficiales de conservación. El problema es que la categoría no está reconocida ni aplicada. A día de hoy, solo se trabajan 4 meses y medio en temporada estival”, explica a Estrella Digital el portavoz de la Asociación Nacional de Bomberos Forestales (ANBF) y de la Asociación de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid (BFCAM). Unas asociaciones que buscan el fomento de la profesión y participaron en la campaña [FO]REST IN PEACE para la defensa de los bosques quemados.
Su objetivo es claro: buscan tener una categoría profesional correspondiente a su trabajo para así tener los coeficientes reductores para la edad de jubilación, enfermedades profesionales y diferentes pluses, así como trabajar el 100% de la jornada. Unos puntos que figuran en la Proposición No de Ley aprobada por la Comunidad de Madrid y que quieren conseguir que se convierta en Proposición de Ley “para que se ejecute y aplique a todos los efectivos de Madrid que trabajan en los incendios forestales”.
La lucha también en el sector privado
No solo el personal laboral fijo discontinuo está luchando por la categoría profesional. Los bomberos contratados por empresas privadas trabajan todo el año –más refuerzos que llegan en verano– pero sus condiciones son las mismas. “Las condiciones laborales de la parte privada están mal”, afirma el bombero forestal Vicente Rodríguez, de la empresa privada Infosa e integrante del sindicato FIRET. Desde el año 2008, sus retribuciones están congeladas, no disponen de ningún tipo de subida de sueldo –ganan en torno de 1.100 y 1.200 euros al mes– y no tienen ningún tipo de plus. De hecho, las empresas querían rebajar más aún sus derechos. “Se nos intentó bajar aún más el sueldo por parte de las empresas”, indica Vicente Rodríguez.
“Exigimos que se aplique la normativa que lleva vigente desde 2011, porque en ella se habla de la categoría profesional de bombero forestal. Es una lucha constante”, asegura este miembro de FIRET y trabajador de Infosa. Fue en el año 1997 cuando Alberto Ruiz-Gallardón, en ese momento presidente de la Comunidad de Madrid, decidió privatizar parte del servicio y sacar a oferta pública los contratos. De este modo, el servicio quedó dividido entre dos empresas: Matinsa, que se encarga de la zona este, e Infosa, implantada en el oeste de la Comunidad (pese a que no tenía experiencia en incendios forestales). Así, desde 1998 estas dos empresas han salido siempre ganadoras de los concursos y han gestionado hasta el día de hoy ésta parte del servicio, y tendrán en sus manos la gestión hasta 2021, después de haber ganado el último concurso.
Tras estas concesiones, las cosas no están bien, aseguran los trabajadores. En 2014 se eliminaron dos brigadas “de la noche a la mañana y en este último pliego se eliminan otras dos brigadas en campaña alta”, asegura Vicente Rodríguez. En Matinsa se reubicó al personal, pero desde Infosa se optó por despedir y realizar una novación (extinción de una obligación jurídica) de los contratos (pasando a ser de 4 meses) a parte del mismo”.
A través de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF) transmitieron al Gobierno, por medio de la diputada del PSOE Zaida Cantera, ciertas preguntas sobre la categoría. Presentaron una Proposición no de Ley (PNL) para crear “una mesa de negociación para la creación de un estatuto de bomberos forestales a nivel nacional”. Sin embargo, la última palabra la tiene la Administración y, por el momento, no hay noticias.
Desde FIRET, un sindicato independiente, junto a la plataforma PASBF creada en 2015, están haciendo mucho movimiento a nivel político. “La Administración tiene conocimiento de la situación –Infosa tiene cuatro sentencias firmes de vulneración de derecho fundamentales, aseguran los sindicatos– pero se tiene que dar cuenta que este servicio público fundamental como son las emergencias en incendios forestales no puede estar supeditado a empresas privadas”. Su objetivo: luchar porque sea una gestión pública, “independientemente del estatus laboral que se tenga”. Desde FIRET y la parte pública se espera que la PNL sea el punto clave a través del cual se avance en un cambio que “es una necesidad”: un servicio público 100% donde “todos seamos empleados públicos”.
Marta Martín Gómez