En el escrito al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, Podemos también solicita al magistrado que cite como investigada a la coordinadora de Personal y Recursos Humanos del Ayuntamiento, Elena Collado, tras la consulta hecha en este sentido por el juez recientemente.
Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa, cree que ambas dirigentes municipales pudieron incurrir en un delito de prevaricación relacionado con los tres contratos que se investigan, por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de dólares y los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño pudieron embolsarse una comisión de más de seis.
La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFCM) fue la empresa municipal a través de la que se llevaron a cabo los contratos de emergencia en la primera ola de la pandemia del coronavirus, entre ellos los investigados.
Así se acordó en un convenio entre el Ayuntamiento y la EMSFCM firmado el 20 de marzo para atender las compras centralizadas de material sanitario, dada su experiencia y sus mecanismos de gestión, según recuerda Podemos, que subraya que pocos días después el Consejo de la EMSFCM aprobó, por unanimidad de todos los grupos, los contratos sospechosos.
Podemos manifiesta que en el caso de los contratos investigados «no se ha cumplido ninguno de los requisitos que el propio Ayuntamiento de Madrid estableció para la contratación de emergencia, incumpliéndose por ello frontalmente las previsiones de la propia Ley de Contratos del Sector Público para tal supuesto».
«Es evidente (…) que la traslación de las adquisiciones a la referida Empresa Municipal lo que ha permitido es liberar los fondos sin necesidad de conformidad previa de la Intervención del Ayuntamiento de Madrid, quien evidentemente, ante las irregularidades palmarias de la propia regulación para casos de emergencia, nunca hubiera autorizado los mismos», sostiene.
Por todo ello propone imputar a Engracia Hidalgo, quien firmó el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa funeraria como delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal y «quien ineludiblemente debía tener conocimiento de las instrucciones de contratación salidas de su propio departamento y que, como consecuencia de la firma del convenio, resultaban incumplidas».
Podemos también pone de manifiesto que «resulta evidente el nexo causal entre las ilegalidades del proceso de contratación analizado y el perjuicio que con dicha contratación se ha causado a las arcas del Ayuntamiento y que motiva el presente procedimiento».
Para esta acusación «es evidente (…) que la traslación de las adquisiciones a la referida Empresa Municipal lo que ha permitido es liberar los fondos sin necesidad de conformidad previa de la Intervención del Ayuntamiento de Madrid, quien evidentemente, ante las irregularidades palmarias de la propia regulación para casos de emergencia, nunca hubiera autorizado los mismos». EFE