La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón que levante la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y de su sucesor Ignacio González.
La Fiscalía entiende que hay indicios para llevar al banquillo a una decena de personas, entre ellas Francisco Granados, presunto cabecilla. Sin embargo, exonera a muchas otras personas (alrededor de una centena), entre ellas Esperanza Aguirre, al considerar que no hay pruebas suficientes como para juzgarles por la supuesta caja b en el PP de Madrid, que habría servido para financiar las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
El informe de 860 páginas se centra en la figura de los principales investigados en esta pieza separada de Púnica, entre los que destacan quien fuera consejero de Presidencia, Francisco Granados, y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.
Claros indicios de falsedad electoral
La Fiscalía ha informado a través de una nota de prensa que, pese a los «claros indicios de falsedad electoral existentes» respecto a las elecciones autonómicas de 2008, los hechos ya estarían prescritos, al igual que las generales de 2008. se mantiene la existencia de falsedad electoral con las de 2011
No obstante, el Ministerio Público mantiene la existencia de falsedad electoral con las elecciones de 2011, y acusa a Beltrán Gutiérrez de delito electoral, y a Francisco Granados de delito electoral, cohecho y tráfico de influencias.
Asimismo, pide que se siga actuando por delitos de prevaricación y malversación contra la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego; el exconsejero Borja Sarasola; el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el informático Alejandro de Pedro; Diego Mora; la dueña de la firma de publicidad El Laboratorio de Almagro, María Luisa de Madariaga y Francisco Lobo Montalbán.
Sobreseimientos masivos
El fiscal expone, en cuanto a los sobreseimientos masivos: «En cuanto al resto de personas que fueron citadas como investigadas o cuya identificación se produjo durante la instrucción, pero no se las citó en calidad de investigadas (152 personas físicas y 73 personas jurídicas entre las dos categorías), se aclara su situación procesal y, respecto de aquellas que constan como investigadas, se interesa el sobreseimiento de las actuaciones, bien como consecuencia de la prescripción de los hechos que motivaron su llamamiento, bien como consecuencia de la falta de indicios que permitan sostener una acusación, lo que se explica de forma detallada e individualizada en el escrito».
La pieza separada de mayor trascendencia de esta trama
La pieza número 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción, en la que el magistrado García Castellón intenta determinar si existió una ‘caja b’ en el PP madrileño que sirvió para financiar las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
La investigación se inició en el año 2014 tras el hallazgo de una agenda de Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la Púnica, en la que podían leerse unas siglas que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
Ese mismo año fueron detenidos entre empresarios, funcionarios y políticos más de 50 personas, en el primer golpe de esta operación, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros, al menos desde 2012, en la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con el relato judicial, por un lado los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones a dedo y, por otro los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario.
Fue el entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco quien investigó los hechos hasta que en 2015 decidió separar la causa para poder profundizar en los actos delictivos diferenciados que pudo ir observando.