El juez Elpidio José Silva ha logrado este jueves suspender el juicio que se sigue en su contra por un presunto delito de prevaricación cometido en la instrucción del 'caso Blesa' al pedir la recusación de dos miembros del tribunal. Una propuesta que ahora debe ser resuelta por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El acusado ha presentado en la cuarta sesión del juicio un incidente de nulidad contra la magistrada del tribunal María Tardón por «representar al Partido Popular» en la asamblea general de Caja Madrid y contra el presidente, Arturo Beltrán, por «falta manifiesta de imparcialidad». «Es un descrédito y una vergüenza para la Administración», ha dicho.
Silva ha explicado que esta misma mañana ha presentado una demanda civil en un juzgado de primera instancia de Marid contra Tardón y Beltrán por «vulnerar sus derechos fundamentales» y ha solicitado una indemnización de diez euros. Al presidente del tribunal le acusa de permitir la presencia de la magistrada, no aceptar la renuncia de su abogado e integrar la sala que, en fase intermedia, componían otros dos togados que finalmente fueron apartados.
La solicitud de recusación ha obligado a suspender la vista hasta que resuelva la sala competente del Tribunal Superior de Justicia. Su presidente formará la denominada Sala del 77, formada por el presidente de lo Civil y Penal, de lo Social, de lo Contencioso, el magistrado más antiguo y el más moderno.
Tras ello, se dará traslado del incidente al fiscal y las acusaciones para que expresen su posición y un miembro del tribunal será el instructor encargado de dictar una ponencia sobre esta cuestión y que será estudiada por la sala. Cuando Silva apartó a dos miembros del primer tribunal que se formó para juzgarle, la resolución tardó cuatro días aunque en aquella ocasión los aludidos aceptaron abstenerse.
La magistrada María Tardón ya explicó este miércoles que fue miembro de la asamblea general de Caja Madrid hace diez años —antes de integrar la Carrera Judicial—, que «jamás» ha tenido amistad con Miguel Blesa y el resto de testigos, que no tiene relación con los hechos investigados y que tampoco tiene «un interés directo ni indirecto» en esta causa.
Conde-Pumpido acusa a Silva de atentar contra su dignidad
Al principio de la cuarta sesión del juicio, el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela ha reclamado al tribunal que le dispense de seguir ejerciendo la defensa de Silva después de que ayer su «excliente» profieriera «manifestaciones que atentan directamente contra su dignidad profesional». «No estoy dispuesto a seguir oyendo cómo se denigra personal y profesionalmente sin que se haya hecho nada por parte de la presidencia», ha remachado.
«No cuento con la confianza de mi defendido», ha expuesto el letrado, para pedir abandonar el estrado al considerar que su situación es «insostenible» desde el punto de vista «profesional y humano». Silva ha insistido que ya no gozaba con la confianza de Conde-Pumpido porque no está ejerciendo su función «de manera adecuada».
«No responde a ninguna estrategia marcada por este letrado, sino a una pérdida eficaz y evidente de la confianza que está siendo exteriorizada y va a ser exteriorizada públicamente, ocasionándome un daño que no tengo el deber de soportar», ha añadido Conde-Pumpido.
El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha dado por zanjada «definitivamente» esta cuestión al haber «actos concluyentes» que permitieron determinar que la renuncia era fraudulenta.
El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.