El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha alertado este miércoles de que el control de las empresas sobre el correo electrónico de sus trabajadores debe «sustentarse» en una «sospecha fundada» de que se ha podido cometer una irregularidad y de que, en todo caso, ese control debe ser «proporcionado» y con los medios de fiscalización «adecuados».
Así lo ha señalado en Granada, donde ha impartido la conferencia 'La Jurisprudencia Constitucional sobre el uso del correo electrónico', con motivo de la Festividad del Día del Trabajo en la Universidad de Granada, en un acto académico en el que ha repasado las sentencias que ha emitido el TC acerca de la posible vulneración de la privacidad o el secreto de las comunicaciones de empleados que fueron despedidos por sus empresas por hacer un uso no profesional de los medios informáticos o el correo electrónico en el ámbito laboral.
Según ha indicado, la jurisprudencia del TC al respecto establece, en primer lugar, que el poder de control del empresario sobre las herramientas informáticas de titularidad empresarial puede «legítimamente» ejercerse tanto para vigilar el cumplimiento por parte del trabajador de su prestación laboral, como para verificar el uso no laboral de los instrumentos informáticos.
Asimismo, según ha resaltado Pérez de los Cobos, cuando el empresario ha ordenado el uso laboral de los medios informáticos, o éste está restringido por el convenio colectivo aplicable, el trabajador no puede albergar «la expectativa» de confidencialidad o privacidad, a no ser que no exista «regulación ad hoc» o la empresa hubiera autorizado la posibilidad del uso del correo electrónico libremente.
Sin embargo, según ha incidido, el control empresarial «debe sustentarse» sobre la «sospecha fundada» de que se ha cometido un «comportamiento irregular» y el control debe usarse «de forma proporcionada», con medios de fiscalización «adecuados» y lo menos incisivos posibles en su afectación al trabajador.
El presidente del TC, que ha pronunciado su conferencia en la Facultad del Trabajo de Granada, ha acudido al acto para inaugurar también oficialmente el Observatorio de Estudios Jurídico-Laborales, que, según ha explicado su directora, Rosa Moya, es una entidad que servirá para plantear un seguimiento de las reformas continuas que se llevan a cabo en España, en el ámbito académico.