La Administración y los órganos judiciales aumentan cada vez más la presión sobre el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo por parte de los sujetos obligados. La acción pública inspectora y sancionadora se dirige ahora con mayor intensidad a sujetos obligados en el ámbito jurídico y económico, más allá del ámbito de las entidades financieras a las que inicialmente se aplicaron las medidas de prevención.
Colectivos de profesionales como los abogados y asesores sometidos a las exigencias de cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, deben adoptar medidas preventivas para el correcto y seguro desarrollo de su actividad, lo que incluye necesariamente la formación de «directivos, empleados y agentes del sujeto obligado», como disponen el art. 29 de la Ley 10/2010, de 28 de abril o el art. 39 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la misma.
Infracción grave sancionada con cuantiosas multas
El incumplimiento de esta obligación de formación es considerado infracción grave por el art. 52.1 r) de la Ley 10/2010: «1. Constituirán infracciones graves las siguientes: (…) El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos del artículo 29», pudiendo oscilar las multas entre los 60.001 como mínimo hasta los 150.000 euros, según establece el art. 57 de la Ley.
No se la juegue
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