Once de los veintiún miembros que integran el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscribirán voto particular para exponer su posición crítica frente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada. Otros dos presentarán voto concurrente con el informe oficial que emitirá este órgano y que ha salido adelante con un total de 10 apoyos.
Pese al resultado oficial, se da la paradoja de que once de los vocales tiene previsto firmar escritos que se prevén críticos con el proyecto gubernamental y en la mayoría de los casos pedirán la retirada del proyecto, han informado fuentes de este órgano.
Esta petición al Ejecutivo de retirada de la reforma del aborto será solicitada por los ocho vocales de la minoría progresista, que formularán un voto particular conjunto -Álvaro Cuesta, María del Mar Cabrejas, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga, Victoria Cinto, Concha Sáenz, Roser Bach y Rafael Mozo-.
Las mismas fuentes apuntan que el vocal y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando-Grande Marlaska, que se abstenido durante el Pleno de este viernes, también podría incluir esta petición al Gobierno en el voto particular que ha anunciado, y que presentará de forma individual.
Igualmente crítico, aunque sin llegar a pedir que se retire el Anteproyecto, se espera que sea el voto que han anunciado por los vocales nacionalistas Mercé Pigem (designada a propuesta de CiU y Enrique Lucas (por el PNV). Ambos, que también se han abstenido durante el Pleno de este viernes, habían formulado alegaciones al dictamen de la progresista Pilar Sepúlveda en el sentido de que hubiera sido mejor esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que tiene pendiente contra la ley vigente.
También presentarán un voto particular conjunto, aunque concurrente con la decisión de la mayoría, los vocales designados a propuesta del PP Nuria Abad y Juan Manuel Martínez, quienes no comparten las objeciones que la ponente del informe, la vocal Carmen Llombart, realiza sobre cuestiones como la penalización del aborto eugenésico.
Nota de Pilar Sepúlveda
Sepúlveda -cuyo informe ha recibido el apoyo del sector progresista, 10 votos en contra y tres abstenciones- ha hecho pública una nota al término del Pleno en el que reitera su análisis y califica la reforma auspiciada por Alberto Ruiz-Gallardón de «imposición de un modelo moral a costa de los derechos ajenos» en el que la libertad de la mujer embarazada.
«La ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, y la dignidad, decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido que, como ha sido sostenido por la jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones, no es titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida», añade.
Dice también esta vocal que el Anteproyecto no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección del concebido porque la demanda social no existe, «como prueba la oleada de opiniones críticas vertidas contra el Anteproyecto, y de encuestas y estudios de opinión publicados por la prensa desde su anuncio, que ponen en evidencia que la Ley vigente goza de un amplio respaldo y aceptación por parte de la ciudadanía».
Alma social
Incluso el anuncio de la presentación y aprobación del Anteproyecto por el Consejo de Ministros ha creado un clima de alarma social, según esta vocal, y ha venido siendo objeto de constantes y reiteradas críticas lanzadas desde todos los sectores jurídicos, sociales y políticos.
«Y es que el Anteproyecto desconoce la evolución de la sociedad española, de sus convicciones, y de sus necesidades y preferencias en una cuestión que es básicamente de conciencia, al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, y restrictiva de la autonomía de las mujeres que retrotrae a tiempos pasados y a prácticas indeseables, como el aborto clandestino o el llamado turismo abortivo, que se verán renovadas si el Anteproyecto ve la luz como Ley Orgánica.», dice la nota.
Ante esto, insiste Sepúlveda, la única respuesta que ofrece el Anteproyecto «es la criminalización de conductas, sin abordar el problema del número de abortos de una manera completa, que precisa una respuesta distinta y más compleja, que acompañe la protección del concebido con medidas y ayudas sociales para las mujeres en peor situación socioeconómica, protegiendo la maternidad y ofreciendo posibilidades de su ejercicio en condiciones que garanticen la calidad de vida de la mujer y del concebido.
El informe que ha sido aprobado este viernes y será remitido a Justicia afirma que si el feto es incompatible con la vida no hay conflicto de intereses, pues «el concebido en estas condiciones no podría ostentar la condición de nasciturus» ni, por tanto, acogerse a la protección constitucional que éstos tienen.
Se añade que debería darse por sentado que el conocimiento de la inviabilidad fetal causará dolor a la madre, en lugar de imponer a la mujer «una carga más» al exigirle que pruebe el daño psicológico que padecerá por parir un niño inviable.