La baja por enfermedad de un magistrado de la Sección 21 la Audiencia de Barcelona ha retrasado dos años desde la fecha en que se celebró el juicio la sentencia condenatoria de diez años de cárcel a un preso del centro penitenciario de Can Brians que agredió con cuchillas de afeitar a varios funcionarios.
Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2007, la instrucción se alargó hasta el 22 de marzo de 2011, el juicio se celebró 4 de junio de 2012 y la sentencia se ha retrasado hasta el 23 de mayo de este año debido a la «baja por enfermedad sufrida por el magistrado ponente».
Anuar K. -de 30 años entonces, natural de Tánger (Marruecos) y vecino de Badalona (Barcelona)- cumplía condena por varias causas en Can Brians y se plantó en la oficina del módulo 2 de la cárcel pidiendo un cambio de celda, y dos funcionarios le dijeron que tenía que solicitárselo a otro trabajador en otra dependencia.
El preso se dirigió allí pero, sobre las 18.45 horas, descontento con las indicaciones recibidas, volvió a la oficina, abrió la puerta de un fuerte golpe y, provisto con cuchillas de afeitar adheridas a los dedos de cada mano «se abalanzó y golpeó repetidamente» a uno de los funcionarios causándole varias heridas que necesitaron puntos de sutura y le dejó múltiples cicatrices.
Cuando otro de los trabajadores intervino para defender a su compañero, Anuar K. le atacó con las cuchillas hiriéndole y dejándole también cicatrices en la cara; los dos funcionarios pudieron escapar y refugiarse, uno en la lavandería y el otro en el taller del módulo, desde donde lograron pedir ayuda.
Se resistió en la reducción
Al rescate acudieron otros trabajadores desde diversos módulos, pero el preso continuó con la misma actitud: les agredió con patadas y golpes con las manos donde todavía llevaba las cuchillas de afeitar, provocándoles varias heridas a siete funcionarios; una vez reducido, lo llevaron a la enfermería del centro penitenciario.
Por todo ello, la Audiencia le ha condenado —tras aplicar el atenuante de dilaciones indebidas— a tres años de cárcel por cada uno de los tres delitos de lesiones con deformidad, y a seis meses por otros dos delitos de lesiones sin deformidad, y además deberá indemnizar a los funcionarios agredidos.