La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado de forma unánime una declaración en la que solicita de forma genérica a todas las partes personadas en los procedimientos judiciales que «no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los/las jueces/juezas y magistrados/as».
El texto no hace mención alguna a las manifestaciones vertidas por el fiscal balear anticorrupción Pedro Horrach contra el juez José Castro en su recurso contra el mantenimiento de la imputación de la Infanta Cristina en la causa.
Difiere del tono contenido en el escrito que seis vocales del sector progresista de este órgano presentaron instando a que el órgano de Gobierno de los jueces pidiera al Ministerio Público el respeto y la lealtad institucional «debidos» a la labor de jueces y magistrados.
En su declaración, el Consejo recuerda que ya en enero de este año puso de manifiesto que, en un Estado Democrático de Derecho los jueces, como titulares del Poder Judicial, asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, «constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática».
Confianza pública
También recuerda el órgano de gobierno de los jueces que en ese mismo acuerdo se recordaba que la confianza pública que los jueces y magistrados puedan efectivamente desarrollar sus cometidos conforme a las exigencias de la Constitución, «es un objetivo merecedor de la máxima protección, y justifica los numerosos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional reclamando de todos los agentes públicos y de la ciudadanía en general el necesario respeto a la actuación de los órganos judiciales».
Desde esta perspectiva, y sin citar el enfrentamiento entre Castro y Horrach, el Consejo General del Poder Judicial advierte en su declaración de este lunes que «la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces/juezas y magistrados/as en el ejercicio de sus cometidos, más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia».
Escrito de los progresistas
El escrito hecho público, al que tuvo acceso Europa Press, estaba firmado por los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Ninguno de ellos forma parte de la Comisión Permanente.
En él, los vocales progresistas mostraban su preocupación por las imputaciones que el fiscal realiza al juez de Palma José Castro en el recurso contra la incoación de procedimiento abreviado en el caso Nóos. Pedían por ello que la Permanente manifieste la necesidad de que las partes, en cualquier proceso, mantengan el respeto y la lealtad institucional debidos y se cuiden de no desacreditar la labor jurisdiccional de jueces y magistrados.
Los vocales, todos ellos designados a instancias del PSOE con excepción de Sáez, que lo fue por IU, mostraban su preocupación por expresiones tales como que el juez toma como base de la instrucción, el «pilar inicial» de la «certeza absoluta» de la culpabilidad de la infanta; o que tenía «el puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación», con meras conjeturas, contaminadas, y con relegación de «los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia».
Igualmente consideraban inapropiadas expresiones vertidas por el fiscal anticorrupción balear como la que señala que Castro construye una causa al modo de «prospección general» en una «expedición de pesca, gratuita e inútil», ha ejecutado una «instrucción inversa, presidida por un credo y no por la sana guía de la «duda» y ha asumido «el rol de la parte acusadora», perdiendo su función constitucional.
También criticaban que el fiscal Horrach diga que el juez persigue «conductas atípicas»; que mediante un «recurso 'taimado', una vía de escape a una espiral inquisitiva alimentada de meras sospechas», o que criminaliza acciones que por «sus circunstancias, características e intensidades son inocuas», desnaturalizando así la Jurisdicción y «sirviéndose de la misma».
El pasado viernes, el propio titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha emplazado al fiscal anticorrupción Pedro Horrach a interponer «una querella por prevaricación» si «cree lo que escribe» en el recurso que presentó contra el auto por el que el magistrado puso fin a la instrucción del caso Nóos.