El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro, han recurrido ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el auto por el que el juez José Castro ha dado el primer paso para que se sienten en el banquillo de los acusados, al acordar el mantenimiento de su imputación una vez cerrada la instrucción del caso Nóos.
Mediante un escrito de 78 páginas, la defensa del matrimonio defiende la gestión llevada a cabo al frente del Instituto Nóos, puesto que «absolutamente nada de aquello en lo que intervino» el Duque de Palma, «directa o indirectamente, estaba dejado de la mano», sino que «todo se hacía con luz y taquígrafos, y estaba velado, validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás por los más altos y prestigiosos asesores del Estado».
En esta línea, abunda, al existir «un exquisito y escrupuloso seguimiento de todo», añade el abogado Manuel González Peeters, «de cara a unas personas como mis representados ni por asomo era posible colegir la existencia de sombra de opacidad alguna».
En concreto, el abogado ha interpuesto un recurso de reforma contra la resolución judicial dictada el pasado miércoles por la que Castro decretaba que continúe el proceso penal contra Torres y Tejeiro por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad y un delito fiscal. La impugnación se suma a la presentada también ante el Juzgado por el exgerente del Illesport Gonzalo Bernal, y en apelación por parte de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Baleares.
En su recurso, González Peeters niega que su patrocinado se concertara con Urdangarin con el «infamante ánimo» de rentabilizar económicamente «hasta donde les fuera posible» la influencia derivada del parentesco del Duque «con la denominada Casa Real», rechazando en esta línea que ambos, puestos de común acuerdo, construyesen un entramado societario «preordenado a la comisión» de los hechos investigados -el presunto desvío de 5,8 millones de euros de las Administraciones públicas-.
En cuanto a la mujer de Torres, el abogado recalca que «ni de forma directa ni de modo indirecto, Ana María Tejeiro ha participado en la toma de decisión de ninguna clase, por lo que ni por asomo cabe atribuirle responsabilidad alguna, como tampoco respecto al resto de mis defendidos», contraponiendo de este modo el papel ejercido por la imputada con el de la Infanta Cristina.
De hecho, respecto a la hermana del Rey Felipe VI, subraya que la declaración efectuada por ésta ante el juez el pasado 8 de febrero fue bochornosa en todos los sentidos posibles, cuando lo fácil, lo adecuado, habría sido defender la bondad del todo, porque todo cuanto se acometió fue par con la bondad en el marco del ordenamiento jurídico. Los caminos del Señor son inescrutables, se dice».
Intervención directa de la Casa Real
«Desde luego es inconcebible, más tomadura de pelo que otra cosa, que lo que deben haber costado al pueblo los estudios y formación de dicha señora, el resultado sea el de la amnesia selectiva, aunque igual estaban a ello encaminados», recrimina tajante, para a continuación considerar «evidente que no puede orillarse la intervención directa de la identificada como Casa de Su Majestad El Rey, entonces, porque ahora parece que no lo es».
«Si se contaba con tan alto valido, ¿cómo iba a poder sospecharse ni remotamente que algo de anómalo pudiera estar llevándose a cabo?», se pregunta González Peeters, quien recalca en este contexto que «quien realmente gestionaba, dirigía y disponía era Urdangarin y su entorno, sea de forma directa, sea a través de su siempre fiel edecán hasta fechas relativamente recientes en las que ha visto las orejas al lobo, Mario Sorribas, sea de modo consensuado con su esposa, sea mediante obtención del 'placet' del secretario de ésta, Carlos García Revenga».
El letrado se pregunta así cómo se puede sostener «sin rubor» que la Casa Real «no sabía nada» cuando las entrevistas para negociar diversos eventos «se mantuvieron en el Palacio de Marivent, al parecer patrimonio del Estado», quien intervenía en Nóos era la Infanta y quien presidía la entidad era el propio Urdangarin.
Es más, el representante legal de Torres y Tejeiro incide en estos argumentos al recordar que el propio Don Juan Carlos «le buscaba hasta clientes» a Urdangarin. «¿Cómo no iba a estar al caso si participaba de forma directa?».
«No es que [desde la Casa Real] lo supieran ni que se alertaran, sino que intervenían, de manera que ¿cómo, con esos mimbres, puede pretenderse que Torres y Tejeiro pudieran pensar que algo de anómalo se estaba cociendo, si hasta el propio Rey, según Urdangarin, le conseguía citas? Más claro el error de prohibición, imposible. Demostrado, evidente que lo está», sentencia González Peeters.