Ante la prolongación del plazo de enmiendas a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la solicitud del Gobierno de habilitar el mes de julio para su tramitación parlamentaria, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha reclamado formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su implicación personal y un diálogo «concreto, urgente, reflexivo, abierto y sincero» sobre los aspectos aún no resueltos de la Ley, que ponen en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables.
Carnicer reitera en su misiva la voluntad de la Abogacía de dialogar en nombre de los 83 Colegios de Abogados y de sus 250.000 colegiados para salvaguardar un servicio que funciona muy satisfactoriamente, sin incidencias ni quejas por parte de los ciudadanos, y que solo ha sido noticia negativa «por los retrasos en los abonos en las exiguas retribuciones, incluso con los impagos y con los recortes unilaterales por parte de algunas Administraciones Públicas».
El presidente de la Abogacía recuerda también que el diálogo mantenido con el Ministerio de Justicia y los innegables avances logrados en algunos aspectos no han impedido que, al parecer por imposición del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, haya sido imposible rectificar los «graves errores del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que perjudica al justiciable, no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, no destina el dinero de las tasas a la Justicia Gratuita, desconfía y sospecha de los ciudadanos, no garantiza la digna retribución del servicio, burocratiza y hace más lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza».
Según Carnicer, en el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita hay temas nucleares que si no se cambian «pondrán en riesgo un servicio público modélico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, que no sólo no cuesta más a los ciudadanos españoles sino que en 2013 costó 42 millones menos de euros respecto a 2009. Y con más colectivos y personas con derecho a este servicio por decisión legislativa. Esos recortes se han hecho fundamentalmente a base de reducir de forma sustancial los baremos que cobran los abogados de oficio, muchos de los cuales no se han tocado desde hace diez años».
Todo ello, asegura Carnicer justifica sobradamente el malestar y la desconfianza tanto de los Colegios de Abogados como de la inmensa mayoría de los abogados, especialmente de los abogados de Oficio. El presidente pide también diálogo sobre el resto de proyectos de ley que el Gobierno está tramitando «algunos de ellos muy urgentes que, de no tratarse, serán contestados socialmente»
«Nos mueve el deseo de tener una Justicia que merezca la confianza de los operadores jurídicos pero, sobre todo, de los ciudadanos. No queremos una Justicia que dificulte el acceso a la tutela judicial efectiva ni una justicia cargada de barreras o de tasas ni una Justicia cada día más lejos de los ciudadanos», concluye Carnicer.