El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que el reto de conseguir que dentro de cuatro años los asuntos que reciben los juzgados y tribunales españoles se resuelvan dentro de los plazos legales, un objetivo que se han marcado este miércoles los secretarios judiciales, es «posible» y que el Gobierno va a trabajar para que se alcance.
Durante la presentación del informe 'El secretario judicial en cifras', en el que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales detalla la actividad de estos profesionales durante 2013, su presidente, Rafael Lara, ha manifestado el compromiso de «poner al día en cuatro años la ejecución en los tribunales», de manera que para entonces las ejecuciones de las resoluciones «se resolverán en los plazos legales».
En su intervención, Gallardón ha destacado que, según este informe —que indica que se resuelven 200.000 ejecuciones más de las que ingresan—, el atasco de la Justicia está disminuyendo «a pesar de la crisis», en un contexto en el que «no aumenta el presupuesto» y hay «mucha dificultad» para incrementar los medios materiales y personales.
Puesto que actualmente ya «están saliendo de los tribunales más asuntos de los que entran», considera que el reto que se han marcado los secretarios judiciales es «posible» y se puede «asumir». Aunque es «un pronóstico muy optimista», el Ministerio «va a contribuir en todo lo que esté en su mano para que se cumpla», ha dicho luego en declaraciones a los periodistas.
En su opinión, «en un plazo de cuatro años la Justicia en España puede alcanzar unos niveles de celeridad de respuesta que, unidos a la calidad de las resoluciones judiciales, la pongan en el más alto nivel de los servicios públicos en España».
Estudiará las reivindicaciones de los secretarios
Por otro lado, Gallardón ha calificado de «muy legítimas» las reivindicaciones de los secretarios judiciales y les ha transmitido el compromiso del Ministerio de «estudiar la viabilidad» de las propuestas incluidas en el informe de cara a la reforma de la Administración de Justicia.
De hecho, ha afirmado que en la nueva la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «se van a incluir muchas de las oportunidades» que abre el informe y también «algunas de las reclamaciones» de los secretarios judiciales.
Concretamente, ha mencionado el cambio de denominación de estos profesionales (que en el futuro se llamarán «letrados») y varias «mejoras» en la regulación y el Estatuto de los miembros del cuerpo «conforme a las inquietudes» que han expresado en los últimos años, por ejemplo en cuanto a la «discriminación negativa» que sufren.
Además, ha señalado que el anteproyecto de ley recoge ya la profesionalización del cuerpo y un régimen de sustituciones y que, con la entrada en funcionamiento de los futuros tribunales de instancia, que suponen «una apuesta por los colegios frente a los órganos unipersonales», la oficina judicial será «absolutamente determinante».
Gallardón también ha afirmado que, pese al «escepticismo» que surge ante «toda innovación» en España, se está avanzando «a una velocidad muy satisfactoria» en la implantación de la Justicia electrónica.
Registro civil
En otro orden de cosas, Gallardón ha defendido su decisión de encomendar la gestión de Registro Civil a los registradores mercantiles, argumentando que, en un momento de crisis en el que el Gobierno no puede incrementar la plantilla judicial como le «gustaría», los jueces deben dedicarse a «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» mientras «otros funcionarios igualmente cualificados» realizan las tareas del Registro Civil.
Además, ha reiterado que el Registro Civil «seguirá siendo gratuito, exactamente igual que lo ha sido hasta la fecha», por lo que «ninguna inscripción o certificación le costará ni un euro a los ciudadanos o a las administraciones públicas.
Apoyo a miembros del CGPJ al juez Castro
Sobre lo que no ha querido hablar el ministro es sobre el comunicado emitido por seis vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial en el que piden respeto para la labor del juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, frente a las criticas del fiscal Pedro Horrach por la imputación de la Infanta Cristina.
Es un asunto que, al estar en tramitación en los juzgados, «es estrictamente competencia del poder judicial», así que, «por respeto a la independencia del poder judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal y del Gobierno, no voy a hacer ninguna valoración», ha dicho.