Google ha recibido en un mes más de 70.000 peticiones de internautas reclamando ejercer su 'derecho al olvido' reconocido por el Tribunal Europeo para la retirada de enlaces a información personal no pertinente, con una media de mil solicitudes diarias a través del formulario puesto a disposición de los ciudadanos por la compañía tecnológica estadounidense.
Según los datos facilitados por Google, desde el pasado 29 de mayo hasta el 30 de junio se han recibido más de 70.000 solicitudes, con una media diaria de un millar de peticiones en toda Europa y un máximo de 12.000 en una sola jornada.
Por países, la mayoría de las peticiones recibidas proceden Francia, con 14.086 solicitudes, seguida de Alemania, con 12.678, y Reino Unido, con 8.497. España figura en cuarta posición con un total de 6.176 e Italia se sitúa en quinto puesto con 5.934.
Asimismo, se ha solicitado la retirada de un total de 267.550 URLs en ese periodo, con una media de 3,8 URL por petición. El proceso de retirada, que comenzó la semana pasada, es complejo y requiere un estudio exhaustivo petición por petición, según explica la compañía.
Así, Google debe revisar individualmente cada una de ese cuarto de millón de URLs para evaluar si la información es inadecuada, irrelevante, anticuada o excesiva y, una vez hecho esto, decidirá de manera individual. La compañía también recuerda que la sentencia se aplica a todos los motores de búsqueda que operan en Europa, por lo que estos también deberán evaluar múltiples peticiones, lo que supone claramente «una gran carga para start-ups y compañías de menor tamaño».
En cuanto a URLs, la lista por países la encabeza nuevamente Francia, con 47.927, seguida por este orden de Alemania (47.014), Reino Unido (34.597), España (21.564) e Italia (23.321).
Finalmente, Google ha reiterado su compromiso «con el cumplimiento de la sentencia de la manera más considerada y responsable posible, dadas las múltiples variables que intervienen y el equilibrio de derechos fundamentales que hay que tener en cuenta» y su disposición a colaborar con las diferentes Agencias de Protección de Datos «si la gente no queda satisfecha con la decisión que se adopte en cada caso».