Los abogados madrileños han llevado a la Comisión Europea su rechazo al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita y han anunciado varias movilizaciones para los días 30 de julio y 10 de septiembre, según ha avanzado la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Sonia Gumpert.
En rueda de prensa, Gumpert ha explicado que, «para superar la situación de desencuentro» con el Gobierno central, han solicitado la intervención del comisario de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía de la Comisión Europea, Johannes Hahn, a través de una carta que le han enviado donde explican el cambio de modelo que conlleva la normativa y «la situación de indefensión» en la que creen que quedan los ciudadanos.
En cuanto a las movilizaciones, Gumpert ha explicado que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita va a proponer a todos los colegios de abogados no prestar, en los días 30 de julio y 10 de septiembre, el servicio de asistencia letrada a imputados no detenidos, no prestar el servicio de orientación jurídica salvo para las suspensiones de plazos procesales y no asistir a los juicios rápidos sin detenidos.
Por otro lado, la decana del ICAM ha reiterado su «rechazo total» al proyecto de Ley de Justicia Gratuita porque el nuevo sistema mixto de financiación —en parte por impuestos y en parte por las tasas judiciales recaudadas— «implica que la recaudación de tasas será una incógnita».
En este sentido, ha señalado que ya en el primer año «la recaudación no ha sido destinada a la justicia gratuita» por lo que «no queda garantizada su financiación pública y además se desvirtúa su carácter de servicio público».
«Este proyecto de ley supone un menoscabo de los derechos de defensa de los ciudadanos porque introduce mecanismos y medidas que burocratizan y complican la solicitud, concesión y realización efectiva de la asistencia jurídica gratuita, algo que va a tener un efecto disuasorio para los abogados y ciudadanos», ha indicado Gumpert.
En este sentido, ha añadido que la reforma «no mejora el sistema que se logró con un consenso amplio en 1996 sino que implanta un modelo basado únicamente en principios economicistas y presupuestarios, que se fundan en una consideración de la justicia gratuita como un gasto y no como un servicio público».
La decana del Colegio de Abogados de Madrid ha aprovechado para recordar que hoy es el día de la Justicia gratuita y del turno de oficio y que este sábado la Confederación Española de Abogados Jóvenes ha organizado otra jornada en defensa de la justicia gratuita.