El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda de cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España gobernados por distintos partidos de la oposición y que representan a unos 17 millones de ciudadanos en contra de la reforma local impulsada por el Gobierno del PP.
El Alto Tribunal ha dado traslado del conflicto en defensa de la autonomía local presentada contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de veinte días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el Tribunal Constitucional resolverá en próximas fechas, según ha informado esta institución.
Esta admisión se une a la acordada por el Alto Tribunal el pasado mayo, cuando hizo lo propio con nueve recursos interpuestos por los Parlamentos de Extremadura, Cataluña y Navarra, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias y varios grupos de la oposición. El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís-Equo han impugnado también la norma.
Encabezados por la FEMP
Encabezados por el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, los representantes de la política municipal acudieron el pasado junio al Tribunal de garantías contra una norma que, a su juicio, atenta contra los derechos de los ciudadanos y la autonomía local.
A las puertas del Constitucional, Caballero calificó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como «el mayor ataque al municipalismo que se hizo nunca en democracia» y advirtió de que tendrá unas «enormes consecuencias negativas para millones de españoles». Según explicó, las entidades locales no podrán seguir aplicando «multitud de políticas sociales» en ámbitos como el empleo, la educación o la sanidad porque no tendrán «recursos, capacidad, ni competencias para hacerlo».
Afirmó así que su demanda no plantea «un conflicto de luchas de poder», sino «un conflicto en defensa de los ciudadanos», especialmente de aquellos que están siendo «duramente golpeados» por la crisis, y pretende evitar «una privatización masiva de servicios municipales que al final va a significar peores servicios y un mayor coste» de los mismos.
En cuanto a los recursos interpuestos en su momento por la oposición, solo han quedado fuera los parlamentarios del PP, del PNV —que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales—, CiU —que presentó recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán— y varias formaciones del Grupo Mixto.