Jueces para la Democracia (JpD) ha afirmado que la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón cierra una etapa «especialmente negativa» para los juzgados españoles y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, ha valorado positivamente el relevo en esta cartera y ha reclamado a su sustituto que rectifique las «numerosas medidas erróneas» adoptadas por su predecesor.
El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, ha afirmado que el nombramiento del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital generó ciertas «expectativas» al tratarse de un político de peso en el Gobierno y contar el Partido Popular con mayoría absoluta.
«Sin embargo, pronto estas expectativas quedaron frustradas, ante la actuación de un ministro que desde el principio mostró escasa sensibilidad hacia los problemas de la Justicia y que se centró más en iniciativas que pensaba que podían generarle protagonismo y proyección personal», ha expuesto.
A su juicio, Gallardón no ha sabido centrar su gestión en la modernización de las estructuras judiciales pero sí en el recorte de derechos fundamentales a través de una «agresiva» implantación de tasas que han dejado fuera de la Justicia por razones económicas a «amplios» sectores de la población, así como a través de una «innecesaria privatización» del Registro Civil. Además, ha añadido, ha reducido aún más los medios de los juzgados españoles.
Deja una justicia deteriorada
Por otro lado, ha diseñado, en su opinión, un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al servicio del poder político, una actuación especialmente reprochable en un momento en el que se investigan judicialmente centenares de casos de corrupción. A ello se une la reforma del Código Penal que opta por criminalizar la protesta ciudadana y apuesta por un «endurecimiento populista e injustificado» de las penas.
«Pero el ataque a los derechos más inaceptable socialmente ha sido su proyecto de Ley del Aborto, que pretendía limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y retroceder en esta materia hasta los tiempos del régimen anterior», ha alertado Bosch, que celebra que la presión ciudadana haya conseguido frenar esta reforma.
«Esta gestión tan inadecuada se ha visto acompañada de unas formas muy alejadas del interés general. El ministro ha actuado de manera unilateral, a menudo con prepotencia, y ha sido incapaz de buscar consensos amplios para impulsar medidas en beneficio de la mayoría. Al contrario, solo ha conseguido el rechazo de todos los sectores vinculados a la administración de justicia», ha proseguido.
En definitiva, Bosch ha concluido que el ministro Gallardón deja un paisaje judicial «arrasado» tras tres años de gestión, con operadores jurídicos ampliamente desmotivados, y con un sistema judicial «mucho más deteriorado» que el que se encontró. Por todas estas razones, desde Jueces para la Democracia han valorado muy positivamente su marcha, con la esperanza de que se abra una nueva etapa en el ámbito de la Justicia.