Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido de que el 92,66% de los magistrados encuestados confiesa sufrir estrés por la sobrecarga de trabajo que soportan sus juzgados y ha requerido al nuevo equipo del Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopten medidas ante esta «alarmante» situación de riesgos psico-sociales.
Así lo expone la asociación judicial apoyada en un informe del Servicio de Inspección del CGPJ, al que tuvo acceso Europa Press, que revela que el 43,53% de los juzgados españoles están saturados. En concreto, 1.695 superan en un 150% la media recomendada por el órgano de gobierno de los jueces.
Para Jueces para la Democracia, este estudio arroja como conclusión que la justicia cercana al ciudadano en sus facetas de trabajador, pequeño empresario, miembro de familia o víctima de un delito está «absolutamente desbordada». Y es que el estudio destaca el colapso entre los juzgados de lo penal, lo social, mercantil o familia.
Una de las causas, según la asociación judicial, radica en la política judicial «errática» seguida por los sucesivos Ministerios de Justicia, que hace que España tenga una media de jueces por habitante diez puntos por debajo de la media europea.
«El Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón no ha sido una excepción, ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno», dice, para recordar en un comunicado la supresión de 1.200 jueces sustitutos y que 395 jueces están sin plaza.
Pide crear 815 plazas de juez en cinco años
Así las cosas, la asociación de jueces y magistrados ha considerado «urgente» que el nuevo ministro Rafael Catalá cree 815 plazas e un horizonte temporal de cinco años, es decir 165 plazas nuevas por año para dar respuesta al número de órganos sobrecargados y a las vacantes que se producen anualmente en la Carrera.
Ha instado también al Consejo General del Poder Judicial a evaluar los riesgos psicosociales en la judicatura, a fijar una carga máxima a efectos de salud laboral con un límite de asuntos al mes, a adoptar medidas preventivas en esta materia y informar a los posibles afectados sobre los trámites para que la contingencia de su patología sea declarada profesional y no derivada de enfermedad común.
Jueces para la Democracia ha propuesto a todas las asociaciones reactivar la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) para abrir un período de negociaciones con el nuevo equipo del Ministerio y con el CGPJ con el objetivo de acabar «de una vez con la lacra social de la justicia lenta, que sólo puede interesar a los que gozan de recursos para permitírsela y que perjudica a las clases más desfavorecidas».