El magistrado Arturo Beltrán, miembro del tribunal que ha condenado a 17 años y medio de inhabilitación al juez Elpidio José Silva, ha emitido un voto particular discrepante en el que se muestra a favor de su absolución y compara el encarcelamiento del banquero Miguel Blesa con otros casos polémicos, como fue la prisión del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio o la fuga del antiguo director general de la Guardia Civil Luis Roldán.
El presidente del tribunal explica que la decisión sobre la libertad o prisión de una persona «no es nada fácil» y conlleva un análisis de riesgos. «Hace años nadie pudo presumir que el fugado más famoso de España fuera un Director General de la Guardia Civil», ha expuesto.
Según argumenta, son «centenares» las veces que cada mes los tribunales de apelación acuerdan la libertad provisional de quien ha recurrido la prisión preventiva, sin que se imponga ninguna consecuencia penal para el instructor que la acordó. Recuerda además que las explicaciones de Blesa eran «endebles» y le envolvían cada vez más en su propia «tela de araña».
Beltrán reconoce las «irregularidades» cometidas por Silva, aunque precisa que si una conducta, «por deplorable que sea, puede explicarse al margen del derecho penal, la conclusión es que debe dictarse sentencia absolutoria».
Cree que el hecho de que Silva se sirviera de la Wikipedia para reabrir la causa contra Blesa «puede ser signo de comodidad, ajeno a la prevaricación». «La crisis económica, la gestión politizada y poco profesional de muchas cajas de ahorro, las inversiones en obras absurdas, el dinero derrochado etc. eran ya entonces hechos notorios», añade.
Investigaciones sobre corrupción se amplían «hasta el gigantismo»
Reconoce que el juez Silva amplió «con desmesura» el objeto de la investigación —inicialmente centrada en un préstamo a Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida— pero defiende que está en su derecho.
De hecho, dice, casi todas las investigaciones relacionadas con la gran delincuencia económica o la corrupción se han iniciado por «pequeñas corruptelas o por denuncias sobre hechos muy limitados y luego se han ido ampliando hasta el gigantismo».
Eso sí, cree que el acusado cometió un «error y una contradicción» al no decir desde el principio con claridad que había cambiado el objeto del proceso y, por ello, llevaba a cabo una investigación exhaustiva.
A su entender, la sustitución de autos por providencias es una «práctica viciosa muy extendida» en la Justicia, así como son frecuentes las resoluciones «sin fundamento» sin que se incoen causas por prevaricación contra sus autores. La tardanza de meses en resolver recursos, como hacía Silva, es «indeseable» pero tampoco suficiente, a su juicio, para condenarle.
El magistrado recuerda también que el Ministerio Fiscal supervisó el proceso de Silva. «Se hace difícil pensar que alguien así percibiera con claridad como delictiva la conducta del juez y no la combatiera», concluye.