El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha acordado hoy nombrar secretaria de Estado de Justicia a Carmen Sánchez-Cortés Martín, en sustitución de Fernando Román, y secretario general de la Administración de Justicia a Antonio Dorado Picón en lugar de Joaquín Silguero.
Estos nombramientos en el Ministerio de Justicia se suman a los aprobados por el Consejo de Ministros del pasado viernes, en el que Áurea Roldán fue nombrada subsecretaria de Justicia; Javier Herrera García-Canturri, director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones; y Julio Fuentes, secretario general Técnico.
Secretaria de Estado de Justicia. Carmen Sánchez-Cortés Martín
Nacida en 1965 en Sevilla, es Licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Máster en Dirección Pública por la Escuela de Hacienda Pública.
Fue subdirectora general adjunta de Ordenación de la Función Pública, vocal asesora en el Gabinete Técnico del Subsecretario de Industria y Energía, subdirectora general de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y vocal asesora del Gabinete de la Subsecretaría del Ministerio del Interior. En 2005 fue nombrada directora de Administración en el Instituto Nacional de Meteorología. Ha sido subdirectora general adjunta de Programación e Incentivación del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y desde enero de 2012 era directora general de la Función Pública.
Secretario general de la Administración de Justicia. Antonio Dorado Picón
Nacido el 9 de diciembre de 1955 en El Coronil (Sevilla), es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y permanece al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Fue presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales entre 1996 y 2008.
Ha sido vocal nato de la Comisión General de Codificación y vocal electivo del Centro de Estudios Jurídicos. Máster oficial de “Derecho Patrimonial Privado en el Mercado Global” de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la que desde 2003 es profesor asociado de Derecho Procesal. En 2008 fue nombrado vocal del Consejo General de Poder Judicial y en 2012 fue designado miembro de la Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y presidente de la Comisión Institucional para elaborar una propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.