El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra varios apartados de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
El Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.
Según ha subrayado el Tribunal Constitucional, la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el tribunal resolverá «en próximas fechas».
La Junta explicó en el momento de anunciar su recurso que la Ley perjudica el desarrollo de las energías renovables y vulnera las competencias autonómicas sobre energía en lo relativo al autoconsumo, poniendo en riesgo este elemento clave de la política de fomento de las renovables y limitando las posibilidades de un sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.
Concretamente, el recurso afecta a los artículos 9, 64.43 y 65.35, así como a la Disposición Final Segunda, cuyas determinaciones se traducirán en una reducción de la rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo hasta hacerlas «prácticamente inviables», según considera la Administración regional. La norma estatal introduce unas condiciones técnico-económicas que, a la espera del posterior desarrollo reglamentario, anticipan ya un 'peaje' que gravará la electricidad consumida.
El Gobierno andaluz subraya que en ninguna regulación internacional sobre esta materia existe una tasa parecida, «que cambia las reglas del juego, lastra el desarrollo de las energías renovables y contribuye a agravar el continuo encarecimiento del precio de la electricidad, con el consiguiente perjuicio para las economías domésticas y empresariales».