El Ministerio de Justicia ha propuesto que la Audiencia Nacional debería reforzarse con dos nuevas plazas de juez para agilizar las causas contra la corrupción. Además, ha apostado por acelerar el enjuiciamiento de «macrocasos» y dotar a los investigadores de más medidas de investigación.
La propuesta de creación de estos dos nuevos puestos aparece en el proyecto de Real Decreto por el que se adecua la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, al que ha tenido acceso Europa Press, y que calcula que son necesarias 282 nuevas plazas para que todos los miembros de la Carrera Judicial en activo tengan destino.
El documento, que fue firmado por el anterior secretario de Estado Fernando Román con fecha del pasado 25 de septiembre, considera necesarias crear dos plazas más de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el marco de las «medidas de lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de que la justicia sea cada vez más rápida, diligente y eficaz a pesar del actual contexto económico de contención del gasto público».
La Audiencia Nacional acoge a día de hoy seis juzgados centrales de instrucción y secciones encargadas de juzgar causas con un gran volumen de actuaciones e imputados, como la «Gürtel», varias investigaciones que afectan a hijos del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol o recientemente la «operación Púnica». Ganan protagonismo junto con la corrupción, los casos de delincuencia económica como el «caso Bankia» o sobre cajas como la CAM, Caja Duero o Caja España.
La falta de medios materiales y personales ha sido una constante reivindicación de la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad, que ven como los delincuentes se ven beneficiados de este déficit.
El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha prometido «no escatimar medios» en la lucha contra la corrupción y ha recordado que se atendió al 100% de las solicitudes de refuerzo en el orden penal, en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía durante 2013.
La instrucción colegiada, en un cajón
El nuevo ministro apuesta además por fijar un plazo máximo de instrucción, cambiar la denominación del «imputado» y desgajar los macroprocesos en piezas separadas siempre que sea posible para acelerar el enjuiciamiento de asuntos que han culminado la fase de instrucción.
Esta medida se incluirá en una reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal junto con la adecuación de la regulación de las grabaciones a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe las ambientales, y otras para mejorar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.
El ambicioso anteproyecto de Código Procesal Penal defendido por su antecesor en el cargo Alberto Ruiz-Gallardón se quedará guardado en un cajón con medidas polémicas como la instrucción colegiada de macroprocesos, algo que se cuestionó desde todos los ámbitos jurídicos por retardar estas investigaciones.
Por último, la reforma del Código Penal avanzará en el Congreso de los Diputados, donde lleva paralizada desde hace más de un año, una vez que el PSOE ha dicho renunciar al pacto de regeneración democrática.