El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este viernes la creación de 66 nuevas plazas de fiscal dirigidas a reforzar la lucha contra el terrorismo y en general, todos los tipos de delincuencia. Se ha referido, en concreto, al Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista y ha precisado que esta medida contribuirá a dotar al Ministerio Público de medios para hacer efectiva esta lucha.
Durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, Catalá ha precisado que los nuevos fiscales serán enviados, en su mayoría, a aquellas Fiscalías provinciales donde se ha detectado una mayor necesidad de refuerzos como son Madrid, Cataluña y Andalucía. Cuatro representantes del Ministerio Público serán asignados a la Fiscalía Anticorrupción y otros cuatro a la Audiencia Nacional, ha precisado.
La medida, que se sitúa en el contexto del decreto aprobado el pasado 31 de octubre por el que se crearon 282 plazas de jueces, se dirige al refuerzo de la carrera judicial y fiscal. «Desde el año 2010 el Gobierno no había aprobado nueva plantilla para el Ministerio Fiscal», ha recordado el ministro.
Catalá ha precisado que 18 de las plazas serán de tercera categoría y ha indicado que aquellas de segunda categoría, permitirán la promoción interna. También se prevén las vacantes para los 50 nuevos fiscales que en los próximos meses se incorporarán a la carrera y que están terminando sus estudios.
«El coste es de prácticamente 5 millones de euros, por los costes salariales y de seguridad social y se financia con los presupuestos y los créditos del Ministerio de Justicia», ha dicho.
«Reforzamiento de capacidades»
En su opinión, la medida constituye un reforzamiento de las capacidades de la Fiscalía General del Estado y es coherente con el compromiso por la regeneración democrática, la lucha contra el delito y la corrupción», ha agregado.
La plantilla de fiscales pasa a alcanzar los 2.473 integrantes, que junto con los 5.600 jueces y más de 45.000 funcionarios de la administración de justicia nos dota de «la capacitación profesional adecuada, cualificada y suficiente para llevar a cabo los compromisos de mejora de la Justicia».