El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado este viernes al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que reformará la Ley de Tasas en la Administración de Justicia en las próximas «dos o tres semanas». Ha precisado que la renovación del gravamen «supondrá una aproximación a los planteamientos de los abogados» y que serán «más beneficiosas para los ciudadanos que en la situación actual».
La ley se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
El CGAE ha confirmado que la intención del ministro es buscar una propuesta «más coherente con la legislación existente en 2003 que con la actual». En aquel año Catalá ocupaba el cargo de secretario de Estado de Justicia, con José Michavila como ministro, y el Ejecutivo defendía tasas únicamente para las personas jurídicas (sociedades y empresas).
Se prevé que la decisión final la tome en breve el Consejo de Ministros y aún está por ver cómo se hará efectiva la reforma de la ley vigente. Teniendo en cuenta que quedan escasos meses de legislatura, parece descartada la vía del proyecto de ley. La reforma acometida en febrero de 2013 se hizo mediante un decreto ley que entró en vigor inmediatamente y después fue convalidado por el Congreso.
LECrim
Durante su asistencia al Pleno del CGAE Catalá también ha confirmado que introducirá mejoras en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y eliminará el permiso conferida al Ministerio de Interior para llevar a cabo la intervención de comunicaciones sin autorización judicial.
El texto también recogerá la necesidad de la asistencia de letrado en la toma de pruebas de ADN. La apuesta de Justicia es «mejorar y perfilar» la norma para que no haya motivos de inconstitucionalidad. El anteproyecto sometido al criterio del Consejo de Estado ya introduce estas dos variaciones respecto al original, han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.
El ministro ha avanzado a los abogados las novedades del resto de reformas legislativas que pondrá en marcha en los próximos meses. El ministro ha destacado también «la proximidad y entendimiento con la Abogacía y su apuesta por el diálogo en los proyectos normativos».
Así, ha precisado que el Código Penal, que se encuentra en tramitación en el Senado, introducirá mejoras en los tipos delictivos. Respecto a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entrará en breve a debate parlamentario, se potenciará el principio de alternatividad, para que los ciudadanos tengan más opciones de elección.
Sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Catalá ha asegurado que el proyecto de ley se está revisando «sustancialmente», en base al principio de colaboración y leal confianza con los Colegios de Abogados que prestan el servicio. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados abordará en breve el nuevo proyecto «para buscar una fórmula razonable y equilibrada que ofrezca soluciones a las discrepancias existentes actualmente».
En relación al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Catalá ha reconocido que esta norma no está descartada, pero que no se encuentra entre las prioridades del Consejo de Ministros.