La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha criticado la propuesta de expulsión de la judicatura del juez Santiago Vidal, uno de los autores de la Constitución catalana, al considerar que la Carta Magna «ampara tanto a quien defiende su contenido como a quien discrepa del mismo».
La asociación, de orientación progresista, ha defendido la actuación del magistrado porque, a su entender, «la libertad de expresión y de creación jurídica permiten realizar aportaciones que modifiquen el actual marco constitucional». «Y más todavía cuando un magistrado realiza estas aportaciones en su tiempo libre, al margen de su actividad jurisdiccional», añade.
De hecho, el colectivo censura que en la propuesta de expulsión, realizada por el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, «en modo alguno se acusa a Vidal de haber vulnerado la Constitución en ninguna de las decenas de miles de resoluciones que ha dictado, sino que se le ataca por expresar como ciudadano sus opiniones sobre el modelo territorial de nuestro país».
«La propuesta de expulsión por emitir determinadas opiniones no tiene precedentes en nuestro país y resulta abiertamente desproporcionada. Supone una lesión grave del principio de inamovilidad judicial. Y desprende un inquietante estilo autoritario, de falta de respeto a la pluralidad propia de un sistema democrático, que va en la línea de determinadas actuaciones del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes», señala la asociación.
El caso de Lesmes
El carácter «marcadamente ideológico» de las actuaciones del promotor de la Acción Disciplinaria ha quedado evidenciado, según JpD, en otras actuaciones. En este sentido, el colectivo recuerda que, en relación con la consulta catalana, «Lesmes expresó públicamente que el derecho a decidir no tenía cabida en el vigente texto constitucional y no hubo ninguna consecuencia disciplinaria ante esta legítima opinión».
Sin embargo, 33 magistrados y magistradas emitieron un manifiesto en el que opinaron también legítimamente que el derecho a decidir era compatible con la Constitución y el promotor «inmediatamente incoó diligencias contra este colectivo de magistrados», en lo que para JpD supuso «una manifiesta vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley».
«Las diligencias se mantuvieron injustificadamente durante casi un año, para acabar archivándose por considerar que se trataba de opiniones amparadas por la libertad de expresión, lo cual era evidente desde el primer día», recuerda el comunicado antes de añadir que el promotor «reprendió con torpeza a los firmantes por lo equivocado de su punto de vista jurídico, en una actuación que resulta incompatible con la neutralidad exigible a un órgano disciplinario».