El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aseverado este lunes en Sevilla que «a uno se le cae la cara de vergüenza cuando al ciudadano se le cita» en un juzgado «para dentro de tres años», en referencia al hecho de que los juzgados de lo Social de Sevilla estén fijando juicios para el año 2019.
Así lo ha asegurado Catalá durante su participación en un almuerzo-coloquio con la conferencia 'Mejor justicia, mejor sociedad', acto al que han asistido el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera; el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, o el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, entre otras autoridades.
Así, y en este almuerzo coloquio celebrado este lunes por la Fundación Cámara de Sevilla en el Club Empresarial Antares, el ministro del ramo ha puesto de manifiesto que «tenemos problemas muy serios» y, por este motivo, ha abogado por «trabajar juntos para promover la reforma de la justicia».
«El objetivo final de los que trabajamos en justicia es dar servicio al ciudadano», ha dicho Rafael Catalá, que ha apostado por establecer una serie de medidas de carácter organizativo donde ha situado, por ejemplo, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobará próximamente y que persigue acercar los servicios de la justicia a los ciudadanos equilibrando la carga de trabajo entre los distintos órganos judiciales.
Pacto de Estado contra el terrorismo
Asimismo, ha destacado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará la instrucción judicial y reducirá los plazos para dictar sentencias, así como la reforma del Código Penal, que incrementará las penas y aumentará los plazos de prescripción de los delitos para conseguir que no haya margen de impunidad para los que incumplan las reglas de convivencia.
Al hilo de ello, Catalá se ha felicitado por el pacto de estado contra el terrorismo yihadista alcanzado recientemente entre PP y PSOE, que tiene «un valor democrático extraordinario» y que demuestra, a juicio del ministro, que se equivocan gravemente los que pretenden negar valor a la Constitución y modificarla.
En el coloquio posterior a la conferencia, el ministro ha sido cuestionado por los casos de corrupción y la coincidencia de operaciones policiales con la precampaña electoral y ha señalado que «la acción de la justicia, de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puede paralizarse porque haya un evento electoral».
«Nadie puede pedirle a un juez que no instruya» porque hay elecciones
«Los poderes funcionan con absoluta independencia, pero nadie puede pedirle a un juez que no instruya o investigue una causa porque han convocado elecciones pasado mañana, y si alguien cree que con la utilización torticera de la justicia va a inhabilitar candidaturas también debería tener una respuesta adecuadamente contundente que demostrase que eso no es aceptable», ha aseverado Catalá.
El ministro también ha sido cuestionado por la prisión permanente revisable y ha defendido que «es una institución que existe en toda Europa desde hace décadas» para delitos «gravísimos» y que dos de cada tres españoles tachan de «razonable» y «adecuada». «Cuando se cumple la reinserción habrá puesta en libertad y si no no, porque volvería a ser una amenaza para la convivencia democrática», ha señalado.
Por último, y sobre la reforma de la ley del aborto, Catalá ha asegurado que el PP «va a regular con carácter inmediato» y mediante una proposición de ley dicha ley a fin de que las menores que tomen la decisión de abortar acudan acompañadas de sus padres, todo ello al tiempo que desde el Ministerio de Sanidad se está trabajando en el desarrollo de programas y planes de ayuda a la familia, al menor «y a la mujer en su conjunto».
Todo ello «para conseguir que cualquier mujer que tenga que tomar esta decision traumática no lo haga por motivos económicos, laborales o por falta de apoyo del sistema de asistencia social», ha finalizado el ministro.